El Gobierno español no puede utilizar los fondos que recaude a través de los nuevos impuestos con los que pretende gravar a las operadoras de telecomunicaciones (0,9%) y las televisiones privadas en abierto (3%) y de pago (1,5%) para financiar Radio Televisión Española. Así se lo ha comunicado la Dirección General de la Competencia al Ejecutivo de Zapatero.
Según recoge el diario Expansión, la Comisión notifica a España que "no asigne ninguna financiación a RTVE que proceda de los impuestos introducidos o modificados por la Ley 8/2009 (la Ley de Financiación de RTVE) hasta que se haya adoptado una decisión final" por parte del Ejecutivo comunitario. Además, subraya que "la Comisión tiene dudas sobre si los nuevos impuestos (...) son compatibles con el Tratado".De este modo, Bruselas paraliza el nuevo modelo de financiación de RTVE, que entró en vigor el pasado 1 de enero para compensar la retirada de la publicidad. El Gobierno prevé compensar la pérdida de ingresos por publicidad de la cadena pública con la aportación de televisiones y operadoras, por valor de unos 400 millones, y el 80% de la recaudación por el uso del dominio público radioeléctrico, hasta 330 millones de euros. Los Presupuestos Generales del Estado completarán los 500 millones restantes.
"El artículo 14 del reglamento del Consejo establece que toda ayuda ilegal puede recuperarse del beneficiario", es decir, la Comisión Europea le advierte de que si RTVE se financia con estos impuestos, al final puede acabar obligando a la Corporación a devolver al Estado los fondos recibidos.
Bruselas señala claramente que "el nuevo sistema de financiación (...) constituye una alteración sustancial del sistema existente (...). Por tanto, constituye una nueva ayuda que debe notificarse antes de entrar en vigor. La Comisión lamenta que España no haya notificado la medida y la haya puesto en vigor, contrariamente a su obligación". Ahora, el Gobierno dispone de un plazo de un mes para presentar sus alegaciones.
Esta notificación ha creado una fuerte incertidumbre acerca de la capacidad del Gobierno para cobrar los nuevos impuestos aprobados, puesto que la Ley de Financiación establece que estos impuestos se crean con el fin de financiar a la cadena pública.
La ministra de Economía, Elena Salgado se mostró en diciembre confiada en que "se pueda mantener el sistema, que constituye una financiación de TVE muy exigente". La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, propulsora principal de este sistema de financiación, aseguró en septiembre que Bruselas no expedientaría a España por el proceso, algo que finalmente ha ocurrido.
