La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) exige que el futuro Consejo Audiovisual Estatal tenga capacidad sancionadora, como los ya existentes en Europa, para que no sea una mera caricatura de órgano regulador.
La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) quiere mostrar su preocupación ante la avalancha de opiniones contrarias a la creación de un Consejo Audiovisual Estatal y ante aquéllas que pretenden vaciarlo de contenido y convertirlo en una mera caricatura de los órganos reguladores existentes en este ámbito en el resto de países europeos.Según la asociación, gran parte de la ciudadanía y de las organizaciones sociales de diferente género vienen reivindicando desde hace más de 10 años un Consejo Superior Audiovisual de ámbito estatal. Asimismo, se viene exigiendo que para que dicho Consejo sea verdaderamente eficaz debe cumplir una serie de requisitos:
1.Que se trate de un organismo autónomo, independiente del Gobierno, dotado de personalidad jurídica propia y con recursos suficientes para garantizar su capacidad de actuación.
2. Que cuente con competencias en materia de vigilancia, control y sanción en relación a la legislación audiovisual y a los operadores que actúan en este ámbito. La capacidad sancionadora se ha demostrado en la experiencia de otros países como condición irrenunciable para su eficacia.
3. Que tenga autoridad en las concesiones, licencias o registros a los operadores, dependiendo del estadio evolutivo de la regulación del sector, mediante decisión directa o elaboración de informes vinculantes.
4. Que esté formado por consejeros elegidos mediante mayoría parlamentaria suficiente, por un periodo superior al de la Legislatura, entre personas con experiencia reconocida y contrastada en este ámbito (sea profesional, investigadora-docente o asociativa) y no sometidos a mandato imperativo con el fin de garantizar su plena independencia y neutralidad con respecto a grupos de interés político, económico y social.
5. Que esté apoyado por un Comité Asesor en el que participen representantes de organizaciones sociales y profesionales.
Que, progresivamente, extienda su actividad a todo el ámbito de convergencia tecnológica de las comunicaciones electrónicas: televisión por sus diferentes vías de transmisión de la señal, telefonía e Internet.
Problemas con el Consejo audiovisual de Madrid
La Asociación de Usuarios de la Comunicación acaba de rechazar los planes de Esperanza Aguirre para eliminar el Consejo Audiovisual de Madrid.
Para AUC, si el Consejo de Madrid era ya una mera caricatura de órgano regulador, la propuesta de la Presidenta atenta contra los derechos de los madrileños.
La Asociación, ante las declaraciones de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunciando la remisión a la Asamblea Regional de un Proyecto de Ley para suprimir el Consejo Audiovisual autonómico, ha querido remarcar los siguientes puntos:
1. Que los Consejos Superiores del Audiovisual son órganos existentes en todos los países de nuestro entorno, así como en la gran mayoría de democracias desarrolladas del mundo, incluyendo EEUU, Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Naciones todas ellas cuya calidad democrática parece en principio fuera de toda duda.
2. Que las declaraciones de la Presidenta de la Comunidad suponen un ejercicio de demagogia tanto por lo anterior como por el hecho de que el Consejo de Madrid no ha pasado nunca de ser una mera caricatura de Consejo Audiovisual gubernamentalizado, sin recursos ni atribuciones significativas, precisamente por la falta de voluntad del Partido Popular de crear un órgano regulador competente.
3. Que los derechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos en la Constitución deben ser protegidos por los diferentes poderes públicos en su marco competencial respectivo. Así, en toda Europa, la veracidad u honestidad en la información, la dignidad de la persona, la no discriminación y la protección de la infancia y la juventud quedan, junto con otros requisitos planteados por la Directiva Comunitaria de la Televisión sin Fronteras, dentro del ámbito de actuación de los Consejos Audiovisuales. Ni que decir tienen que los derechos anteriormente mencionados son en España obligaciones legales para los operadores de ámbito estatal o autonómico, sin que hasta ahora ninguna formación política haya manifestado expresamente su rechazo a dichas obligaciones.
La AUC exige una vez más la creación en la Comunidad de Madrid, de un Consejo Audiovisual independiente del Gobierno y de los poderes económicos, con recursos y funciones similares a los de el resto de Consejos Europeos y, por supuesto, con capacidad sancionadora.
