Representantes de CCOO en las radiotelevisiones públicas, reunidos en Sevilla este jueves, 20 de octubre, han elaborado un manifiesto en defensa de unos medios de comunicación audiovisuales públicos, de calidad e independientes.
Según el texto, "las radiotelevisiones públicas sufren el ataque de los intentos de manipulación partidista por parte de los gobiernos central, autonómicos y locales, así como el ataque de los medios de comunicación privados, controlados por grandes corporaciones y lobbies de presión, como UTECA, que pretenden tener vía libre para hacer negocio con la información, la cultura y el entretenimiento de los ciudadanos".
7RM, CMT, TPA e IB3, Telemadrid, Canal 9 y TVG, cadenas "amenazadas"
"Las radiotelevisiones públicas de Murcia, Castilla-La Mancha, Asturias, Illes Balears ya han visto concretarse las amenazas de privatización de los gobiernos de derechas de estas autonomías. Telemadrid y Radiotelevisió Valenciana viven con la permanente espada de damocles de la privatización y la manipulación informativa constante. La CRTVG está en lucha contra el acuerdo PP-PSOE que modifica la ley que la regula, que deja abierta la puerta abierta a la privatización, al aumento del control gubernamental de la información y al despido de buena parte de su plantilla".
El sindicato puntualiza también que "los recortes económicos en la financiación, también en las comunidades gobernadas por el PSOE, con la excusa de la crisis, ahogan a todas las radiotelevisiones y rebajan los derechos laborales y sociales de sus trabajadores".
El PP busca la "privatización masiva" de las cadenas autonómicas
Por otro lado, CCOO recuerda que según el Partido Popular "si llega al gobierno en las próximas elecciones del 20-N, promoverá otra reforma de la Ley General Audiovisual que permita la privatización masiva de todas las radiotelevisiones públicas (RTVE, autonómicas y locales). Esta ley, aprobada el 2009 por el PSOE y el PP, ponía las bases del debilitamiento del sector público y la liberalización del mercado audiovisual".
Derecho a unos medios de comunicación públicos de calidad
El manifiesto asegura que los ciudadanos tienen derecho a unos medios de comunicación que, prestando un servicio público, "sean garantes de las libertades democráticas, empezando por la que recoge el artículo 20 de la Constitución. La radio, la televisión y los servicios interactivos públicos deben garantizar el acceso y la participación de las ciudadanas y de los ciudadanos con independencia del lugar donde vivan y de su situación económica".
Los medios de comunicación públicos deben por tanto:
- Prestar el servicio público esencial, teniendo en cuenta que la sociedad es plural y atendiendo a las minorías.
- Ofrecer programaciones de calidad, en cooperación con el sistema educativo, para la formación de ciudadanas/os críticas/os y siendo foco de difusión de las culturas.
- Suministrar información y pensamiento libre y plural, para la formación de la opinión pública en libertad y en respeto a todos los grupos y minorías, como medio para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas.
- Ser referente para las radiotelevisiones de titularidad privada en materia de información y programación.
- Velar por la protección del archivo audiovisual, conservando y dando un uso público a las imágenes y sonidos de la historia reciente.
- Garantizar el acceso de manera igualitaria de todos los territorios que estén dentro del ámbito de cada radiotelevisión, fomentando el conocimiento mutuo y el respeto a las características propias de los otros territorios.
- Fomentar el desarrollo de las creaciones audiovisuales de su ámbito territorial (cine, documentales, videocreación, etc...).
Pretensiones de Comisiones Obreras
- Garantizar la titularidad y la gestión pública de las radiotelevisiones.
- Democratizar las redacciones, para eliminar cualquier tipo de manipulación y autocensura.
- Asignar los medios necesarios para la conservación y el disfrute público de los archivos audiovisuales.
- Proporcionar una financiación plurianual que garantice el presente (explotación) y el futuro (inversiones), mayoritariamente con fondos públicos.
- Obligar a todas las radiotelevisiones, tanto de titularidad pública como privadas, a las que se les asigne un ancho de banda en el espacio público radioeléctrico a unos compromisos en materia de programación, publicidad, transparencia en la gestión, condiciones laborales de sus trabajadores, y a emitir en unos plazos (devolviendo la licencia en caso de incumplir alguno de estos compromisos).
- Asignar al consejo audiovisual poder sancionador, con potestad para regular los procesos de adjudicación de licencias de emisión y de retirada de esta en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos o de concentración de medios en pocas manos.
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