La televisión es sin duda el medio por el cual los españoles reciben la mayor parte de la información y al que acuden principalmente para disfrutar de su tiempo de ocio. Este hecho no pasa desapercibido para los dirigentes de los partidos políticos, por lo que cada vez gana más peso y preocupación el medio televisivo dentro de las estrategias de los partidos.
En estos tiempos de recesión y crisis económica, el consumo de televisión sigue estando al alza. Ya el año pasado cada ciudadano pasó casi cuatro horas diarias delante de la pantalla, uno de los más importantes dentro de la Unión Europea, efecto de la mala situación económica que vive el planeta y la nueva oferta televisiva, variada y extensa.
Estas dos son las razones que en combinación han llevado a los operadores a la situación tan crítica actual por la que atraviesan, con privadas que se ven obligadas a afrontar la dicotomía entre fusionarse o morir, y con entes públicos con graves o gravísimos problemas.
La televisión gratuita es una quimera
Estamos acostumbrados a a decir que la televisión es gratis, y no nos cuesta dinero. Es algo incierto. Las cadenas privadas son las únicas que lo son, ya que las públicas nos cuestan 68 euros al año, y 84 euros para las autonómicas, que pagamos a través de nuestros impuestos. En total, 153 euros por ciudadano.
De hecho de los casi 2000 millones en subvenciones públicas que ingresaron en total el año pasado, más de 1100 fueron para RTVE, en su primer año sin ingresos publicitarios. El resto, más de 800 millones fueron para las autonómicas.
Para esta sangría económica que supone mantener a las cadenas territoriales, los gobiernos regionales también han aportado hasta casi 400 millones adicionales, y el resto de la financiación proviene de los ingresos por publicidad, unos 245 millones, que el PP se plantea suprimir.
El "Plan Pons" para la televisión pública
Ante los aplausos de la UTECA, Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, es decir, los operadores privados, los entes públicos y los anunciantes rechazan tajantemente esta primera medida anunciada por el vicesecretario general de comunicación del PP.
El plan que tiene el dirigente del Partido Popular pasa por privatizar las cadenas autonómicas para configurar un único canal que tenga desconexiones territoriales y, por otra parte, que sea solo Televisión Española la que financie el cine español.
La derecha ya ha comenzado a dar primeros pasos en este camino por privatizar o directamente acabar con los entes autonómicos. Es lo que está ocurriendo en Asturias con la cadena pública RTPA, y la postura tomada por el gobierno liderado por Francisco Álvarez Cascos, de Foro Asturias. Cascos ha decidido no realizar la transferencia de 13,2 millones asignada en los presupuestos de 2011 para la Radio Televisión Publica de Asturias. De los 35 millones de presupuesto que tiene RTPA, 32 vienen de subvenciones públicas.
Renunciar a la publicidad, como quiere hacer el PP si llega al poder, agravaría aún más la crítica salud de las cadenas públicas, aunque en contrapartida, sí que ayudaría a sanear las cuentas a los operadores privados.
Para las grandes cadenas, los ingresos publicitarios este último año han mejorado a consecuencia del cierre de la publicidad en Televisión Española. Llegaron a ingresar un 25% más en 2010 las privadas más importantes, mientras las más pequeñas pasan apuros para continuar en antena. En cualquier caso, las previsiones no son nada halagüeñas, y esta leve luz acabará por ser solo un oasis en medio del desierto.
El nuevo modelo que propone el Partido popular abarataría el coste de la tele pública, pero surgiría un problema importante: ¿llegaría a haber algún acuerdo entre los diferentes ejecutivos territoriales?. Los expertos no terminan de ver viabilidad real a este proyecto que González Pons lleva por bandera.
Para dar facilidades a la privatización de los entes públicos, González Pons aboga por cambiar la Ley del Tercer Canal, cuestión que tampoco pone de acuerdo a los dirigentes regionales. Esperanza Aguirre y María Dolores de Cospedal lo aceptan, la Comunitat Valenciana prefiere el sistema público, Catalunya seguir con TV3 como está. Definitivamente, las comunidades con lengua propia distan de aprobar la medida de Pons.
¿De verdad se puede implantar en España un nuevo modelo así?
Al margen de la cuestión de las autonómicas y el plan trazado por Esteban González Pons para su futuro, los expertos consideran que el problema real existente está en el modelo audiovisual de nuestro país, que es difícilmente sostenible. Tras un año y medio de la llegada de la TDT después del apagón analógico de abril del pasado año, el sistema audiovisual español ha dejado a la vista sus deficiencias.
Los operadores han empezado con las fusiones como vía de subsistencia, otros han cerrado o han tenido que ceder su licencia y vaciando sus frecuencias. La cuestión no ha sido más fácil con la intensa aparición de canales piratas e ilegales que bajo la permisividad del Ministerio de Industria y de las comunidades han empezado a operar en las ondas.
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Lo que se está viviendo en la actualidad en este nuevo momento de la televisión en nuestro país es una gran segmentación en los contenidos, que ha traído como consecuencia lo que otros vaticinaron que ocurriría, la gigantesca atomización de la audiencia. Esto reduce el mercado publicitario para las nuevas pequeñas cadenas, mientras que las grandes televisiones generalistas acogen a la mayoría de los públicos atraídos por la oferta de sus contenidos.