La situación que padece la cadena autonómica del Principado de Asturias se ha vuelto insostenible. Así las cosas, el director general en funciones de RTPA, ha presentado esta mañana su dimisión irrevocable. Juan José Guerenabarrena asegura que ha hecho lo que debía, según recoge la web de la cadena.
Guerenabarrena presentaba su dimisión en la primera reunión del nuevo consejo de Administración de RTPA. El nuevo órgano, está compuesto por quince consejeros, seis de Foro, cinco del PSOE, tres del PP y uno de IU.
A la reunión de hoy sólo han acudido 12 consejeros ya que han faltado dos de Foro y uno del PSOE. A su llegada algunos de los consejeros explicaban ya que su prioridad es que se pague a los trabajadores que no cobran.
El PP señalaba además que iban a pedir que los consejeros renuncien a las dietas por asistencia.
En la reunión se ha debatido el anteproyecto de presupuestos del ente que se votará previsiblemente en una nueva reunión el próximo lunes.
En manos del Parlamento
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) emitió a finales de noviembre un auto en el que deja la restitución del pago de las transferencias presupuestarias de 2011 a RTPA en manos de la proposición de ley que los tres grupos de la oposición, PSOE, PP e IU, están tramitando en el parlamento asturiano.
En el auto, el tribunal especifica que el presupuesto del Ente y sus sociedades (la Televisión, TPA, la radio, RPA y la Productora de Programas, PRODA) "depende de la Junta General del Principado y está sujeto a la soberanía de la misma sin que tenga competencia alguna el Gobierno del Principado de Asturias". Dado que actualmente los tres grupos de la oposición han iniciado la tramitación de una proposición de Ley que pretende devolver al Parlamento las competencias en materia presupuestaria, la Sala estima que "la determinación no puede hacerse en esta fase del procedimiento".
El tribunal deniega, en el citado auto, la suspensión cautelar del llamado "plan de ajuste" del Gobierno del Principado que había solicitado el Ente público de comunicación y sus tres sociedades, aunque admite que esta decisión "pudiera acarrear graves consecuencias en la entidad recurrente, al no poder hacer frente a los pagos que le reclaman sus acreedores y a los salarios de los trabajadores". No obstante, afirma que la decisión del Gobierno supone "una mera retención de crédito por lo que resta del ejercicio presupuestario de 2011, sin que nada se diga sobre su restitución y reconocimiento para los sucesivos ejercicios".
La Sala estima que el "interés general" determinado por la "voluntad de mantener el equilibrio presupuestario" de Asturias "prevalece sobre todos los demás", y asegura que la Administración retiene "aquellas partidas que considera más convenientes y menos perjudiciales para la ciudadanía en general".
El Ente público de comunicación del Principado de Asturias y sus tres sociedades han asegurado que recurrirán este auto en reposición ante la misma Sala.
