Cometer un delito, hoy día, puede resultar hasta rentable si finalmente un programa de televisión está dispuesto a pagar por llevar al delincuente o a algunos de sus familiares a plató. En España tenemos multitud de ejemplos. Precisamente para acabar con ello, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno a que acometa las reformas legislativas que sean necesarias para que estas situaciones no vuelvan a repetirse.
La diputada de CC ha explicado, en nota de prensa, que solicitará al Gobierno inicie los cambios normativos precisos, bien por modificación de la Ley de Televisión Privada y la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, o por su desarrollo reglamentario, para ilegalizar cualquier tipo de pago o prestación desde medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a personas que, habiendo sido condenadas por la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron impuestas.La prohibición no quedaría únicamente ligada a los delincuentes, ya que alcanzaría también a sus familiares o allegados. El fin es claro: que nadie puede lucrarse de algún acto delictivo, ya sea de manera directa o indirecta.
Pero la diputada quiere también que la prohibición sea extensiva a aquellas personas que imputadas en algún tipo de delito o condenadas por los mismos no tengan una penalización económica pendiente. Cualquier persona, sea o no delincuente, podría ejercer su derecho a la libre expresión en los medios, de modo que Coalición Canaria pretende adelantarse también a ese supuesto.
"Los pagos a delincuentes se han multiplicado"
Según Ana Oramas, "los pagos realizados por las cadenas de televisión a delincuentes convictos o a sus familiares se han multiplicado en las últimas fechas con la aparición de nuevos personajes que han contribuido a subrayar la perversión de valores que supone que, por ejemplo, un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a una televisión a hablar de ello".
La diputada nacionalista ha enumerado en su iniciativa algunos de los casos que más polémica han suscitado en los medios de comunicación. Según la diputada, al final "los medios televisivos que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones públicas realizadas por el Estado, vienen a premiar a la postre a delincuentes con cantidades que ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas".
Trampolín para cometer nuevos delitos
Por todo ello, Ana Oramas asegura que "es un contrasentido ante el que los poderes públicos no pueden permanecer impasibles; con independencia de que corresponda a las organizaciones profesionales de la comunicación y el periodismo la autorregulación debida para que se restablezcan las buenas prácticas deontológicas".
Finaliza el comunicado advirtiendo que este tipo de prácticas por parte de algunas cadenas de televisión "se ha convertido, en muchos casos, no ya sólo en un circo donde no se respeta ninguna regla informativa, sino en un trampolín para la comisión de otros delitos de calumnias o injurias".
