El Gobierno del Principado de Asturias advirtió ayer, miércoles 7 de marzo, sobre la posibilidad del cierre de la cadena pública, TPA. Esta situación se ha producido tras conocer que la cadena asturiana tuviera "más de 40 demandas por cesión ilegal de trabajadores" según recoge Europa Press.
Durante la rueda de prensa, Luis de la Vallina, viceconsejero de Sector Público, ha explicado que la situación es aún peor. La cadena pública tiene "una deuda reconocida de 18,9 millones" cifra "muy superior a las retenciones acordadas por el Gobierno del Principado" (13,3 millones de euros). Antonio Virgili, portavoz del Ejecutivo, ha querido criticar que se haya ocultado la verdadera situación que atravesaba RTPA.
De la Vanilla ha calificado de "inasumible" la situación económica en la que está sumida la cadena y ha indicado que ésta atraviesa "dos situaciones gravísimas" debido a "una nefasta gestión del ente y de sus sociedades".
"El mal ya está hecho" y "el panorama es negro"
Virgili ya ha sido instruido para tomar una decisión a cerca de las demandas por cesión ilegal de trabajadores que ha recibido la televisión asturiana, aunque ha declarado que "el mal está hecho" y "el panorama es negro".
De la Vanilla, por su parte, ha dicho que la cifra de 40 demandas podría aumentar hasta "más de 200 demandas de aquí a un periodo no muy lejano". Ha señalado que ya hay varias sentencias que favorecen al menos a ocho trabajadores y, en concreto, ha apuntado que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado una de ellas. Además ha dicho que "Guerenabarrena era necesariamente conocedor de las prácticas de cesión ilegal de trabajadores que se desarrollaban desde hacía años entre la TPA, salvo negligencia absoluta o grave en el ejercicio de sus funciones".
El viceconsejero ha afirmado que en algunas sentencias se recrimina que las empresas se limitaban a suministrar la mano de obra mientras que la supervisión y horarios de los trabajadores de las productoras lo realizaba el personal directivo del ente público y de sus sociedades pero "lo más grave" es que uno de los trabajadores demandantes "llegó a formar parte de los servicios mínimos de la TPA durante la huelga de marzo de 2010".
"Son dos situaciones gravísimas que pueden abocar a un cierre del ente"
Destacar que la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Gijón ha defendido a los trabajadores al declarar la existencia de una cesión ilegal de trabajadores. Por su parte, el fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias habla de "una maniobra de TPA para evitar la consolidación de un puesto de trabajo mediante los subterfugios de obligar primero a los trabajadores a constituir una sociedad y adscribirse después a una empresa que no pone nada en absoluto en la contratación que se dice mantener con TPA".
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De la Vanilla ha concluido diciendo: "Esta situación, generada por el anterior Gobierno y equipo directivo de la RTPA, ha de ser puesta en conocimiento de la opinión pública, con carácter previo a la campaña electoral, con el fin de dar a conocer las prácticas seguidas en materia de contratación dentro de la RTPA y de las que tan pronto ha tenido conocimiento el actual Gobierno ha dado instrucciones a fin de eliminar de modo radical las mismas", y ha apuntado que tanto las demandas como la deuda "son dos situaciones gravísimas que pueden abocar a un cierre del ente, sobre todo en el caso de que se tenga que asumir un centenar de trabajadores de forma directa".