La administración valenciana está dispuesta a apretarse el cinturón y adelgazar en hasta un 50% su plantilla de trabajadores, que asciende a 11.000 trabajadores. Uno de los organismos públicos valencianos a los que más va a afectar esta medida es RTVV, que además se verá sumido en un severo plan de austeridad con la nueva ley que quiere aprobar el gobierno de Alberto Fabra, por todos los medios, antes de verano. Incluso, si la ley no saliese adelante antes de junio, el ejecutivo valenciano está dispuesto a solicitar a las Cortes que habiliten el mes de julio para conseguirlo.
Esta nueva ley, con la que si todo transcurre sobre lo previsto el Ente valenciano se regirá ya de cara al siguiente curso televisivo, pretende concentrar toda su actividad en una sola empresa de unos 600 trabajadores centrados en los servicios informativos y en el servicio público. Mientras que la realización del resto de contenidos de la parrilla se delegaría en empresas externas con el objetivo de ahorrar costes.
El gobierno valenciano asume la deuda de 1.200 millones
Teniendo en cuenta que RTVV cuenta en su plantilla con 1.800 trabajadores, esta medida supondría el despido de 1.200 profesionales a través de un ERE, un hecho que lleva sonando desde principios de año. Otra de las medidas que incluyen este lavado de cara del Ente valenciano es la puesta a cero de sus deudas, que ascienden a 1.200 millones de euros. Una cifra que está dispuesta a asumir el gobierno valenciano con tal de que el nuevo proyecto arranque con el mínimo número de problemas posibles y zanjar así el despilfarro y descontrol que ha reinado últimamente en RTVV, lo que se desconoce es cómo afectará esto a las maltrechas cuentas de la comunidad valenciana.
Una televisión autonómica que defienda y fomente el valenciano
Después de que el Gobierno haya autorizado la privatización de las televisiones autonómicas si no son solventes, se sigue con expectación los movimientos de éstas y, especialmente, de aquellas cuyas deudas son más elevadas, entre ellas la valenciana. Acerca de esto se ha pronunciado el vicepresidente de la generalitat, José Ciscar, quien ha asegurado que la emisora no será privatizada.
Otro de los puntos que ha querido resaltar Ciscar ante los periodistas es que con la nueva Ley lo que se persigue es alcanzar un modelo de televisión autonómica "pública, que defienda y fomente el valenciano, las costumbres y la cultura de la Comunidad y que sea sostenible", así como una conseguir "una televisión de calidad". Con esta Ley el Gobierno popular seguirá manteniendo el control que ejerce sobre el Ente, aunque los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta el 4 de mayo para proponer sus aportaciones al anteproyecto sobre el borrador que ya les ha presentado Ciscar.
Un anteproyecto que cuenta con cinco ilegalidades
El anteproyecto que ya ha sido presentado a los grupos parlamentarios para que hagan sus aportaciones tendrá que esquivar también las cinco ilegalidades que ha detectado el Consell Jurídic Consultiu (CJC). La más significativa es la intención de que los gestores de Canal 9 puedan emitir canales codificados. Un hecho que viola la Ley General de Comunicación Audiovisual -ley 7/2010-, la cual establece que los canales que presten un servicio público, ya sean generalistas o temáticos, tienen la obligación de emitir solamente en abierto.
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Otra de las pegas que ha encontrado el CJC en el anteproyecto de Fabra es la ausencia de "objetivos generales de la función de servicio público", que deberían establecerse de cara a los próximos nueve años según establece la norma estatal, a pesar de que el contrato programa previsto para ciertos contenidos de la autonómica esta fijado solo para los tres siguientes años.