La Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña (TAC) ha manifestado su preocupación por la modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE aprobado la semana pasada por el Gobierno, que reduce de dos meses a 24 horas el plazo para alcanzar un consenso parlamentario en la designación del Presidente de la Corporación y de los miembros del Consejo de Administración.
TAC entiende la necesidad de desbloquear la actual situación de RTVE, pero teme que, con esta medida, la gestión de la radiotelevisión pública de ámbito estatal se politice aún más, afectando no sólo a la calidad general de los medios dependientes de la Corporación RTVE, sino también a los contenidos informativos de los mismos.
En este sentido, TAC exige que, junto con la puesta en marcha de los mecanismos de representación y participación ciudadana previstos en la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, se refuercen las garantías de independencia de los profesionales de los servicios informativos contempladas en el Estatuto de Redacción aprobado en abril de 2008 y la función de los Consejos de Informativos como instrumentos de vigilancia y protección de la buena praxis profesional.
Asimismo, cree que las asociaciones de consumidores de medios también deberían estar presentes en las decisiones tomadas en RTVE. Si queremos que los medios públicos sean más democráticos, la presencia de la sociedad civil, a través de entidades como TAC, debería exigirse por ley.
Una cambio en la normativa que ha dado mucho de qué hablar
El Gobierno de Mariano Rajoy acordó el pasado viernes en Consejo de Ministros la aprobación de un decreto ley que acelerará el nombramiento del nuevo Presidente de RTVE ya que le permitirá elegir sin tener en cuenta al resto de partidos políticos. Con esta nueva norma, se cambia la obligatoriedad de que el mandamás de la Corporación tenga que ser aceptado por dos tercios del Congreso.
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A partir de ahora, el Presidente de RTVE podrá ser aceptado por mayoría simple si no consigue la mayoría de dos tercios inicial, volviendo al sistema de 2006 que más adelante se derogó. De esta manera, el Partido Popular se evita tener que llegar a un acuerdo con el PSOE y pasa por el alto el consenso hasta ahora necesario para el nombramiento.