El Tribunal de Cuentas fiscalizará las cuentas de RTVE de los años 2010 y 2011 para conocer en mayor profundidad la gestión económica y financiera del ente público según ha publicado La Razón. La decisión tomada por el PP ha sido secundada por el PSOE, que también está a favor de la transparencia de las cuentas públicas.
Los años que se fiscalizarán (2010, 2011) abarcan la etapa de Alberto Oliart junto con los seis meses sin presidencia. No obstante, esta decisión ha sido tomada a pesar de que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ya hace una revisión de las cuentas cada año. Al parecer, y según explica Ramón Moreno, portavoz del PP, la solicitud se ha realizado después de que la IGAE haya detectado "irregularidades" en la gestión pública por lo que, explica, no se trata "de ningún antojo del PP". En el escrito se recogía que el papel de RTVE es de "gran importancia" y que por ello tiene que haber un "uso" adecuado de los recursos disponibles.El PSOE acusa al PP de querer "instrumentalizar la auditoria del Tribunal de Cuentas"
El portavoz del PSOE, Juan Luis Gordo ha asegurado que quieren que haya una total transparencia de las cuentas aunque ha reclamado que se auditen también las cuentas desde el ejercicio del 2007, cuando gobernaba el PP, "¿Por qué no se auditan las cuentas desde entonces y sí las del 2010 y 2011?".
Gordo ha señalado que "más allá de la transparencia, el PP quiere instrumentalizar políticamente la auditoria del Tribunal de Cuentas". Además ha añadido que esta petición se trata de una "estrategia del PP durante estos últimos meses para justificar un cambio de modelo de la pública". Esto creará una televisión de partido que "quiebra" el modelo del resto de Europa, ha afirmado.
En el año 2010 la IGAE ha detectado diferentes irregularidades: "Un marco salarial superior al del sector público y un régimen retributivo en el caso de los directivos inadecuado o indemnizaciones por cese erróneas; bajo nivel de utilización de los recursos propios; rebaja de la producción interna (del 73 al 61%) y expedientes de contratación tramitados con numerosos defectos y con criterios de adjudicación subjetivos".
