Este jueves ha sido aprobada la ley que posibilita la privatización de las televisiones públicas autonómicas según recoge Europa Press. Esta reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual ha obtenido el sí definitivo en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados.
El Partido Popular ha sido el único que ha votado a favor mientras CiU se ha abstenido y PSOE, UPyD, CHA y ERC son los partidos que se han mostrado en contra.
No obstante, el Partido Popular y el Partido Socialista han llegado a un acuerdo en varias cuestiones durante la mañana. Ambos partidos han consensuado cambiar el nombre de la ley, que a partir de este momento será conocida como "Ley de modificación de la Ley 7/20/2012 de de 31 de marzo, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisuales".
También se han aceptado otras dos enmiendas del PSOE que tenían como intención modificar el texto. Los socialistas han creído conveniente añadir al texto los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público. La entidad prestadora del servicio se deberá realizar de acuerdo a los principios de publicidad, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato y transparencia. De esta manera, las comunidades serán quienes determinen los modos de gestión.
La segunda enmienda que ha sido aprobada propone la adición de un nuevo párrafo a los motivos expuestos de tal modo que se haga referencia expresa del marco normativo europeo en materia de servicios de interés económico de radiodifusión.
Soraya
Soraya Sáenz de Santamaría: "La norma persigue mayor eficacia y eficiencia"
Cuando fue aprobado el proyecto de ley, el pasado 20 de abril, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría aclaró se trata de una "importante medida de austeridad al servicio de las comunidades autónomas", y además, "amplía la capacidad y decisión de las comunidades en su marco de autogobierno para decidir cómo prestan la actividad de televisión autonómica".
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La norma persigue, según palabras de la vicepresidenta del Gobierno, "mayor eficacia y eficiencia". Además afirmó que "responde a peticiones de muchas comunidades autónomas" debido a la delicada situación por la que atraviesan muchas de ellas.