Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria en el Congreso, defenderá este miércoles en la Comisión de Justicia una iniciativa para tratar de que se impida a las televisiones pagar entrevistas a condenados con indemnizaciones pendientes, e incluso a imputados. Y es que tal y como asegura Coalición Canaria, cometer un delito, hoy día, puede resultar hasta rentable si finalmente un programa está dispuesto a pagar por llevar al delincuente o a algunos de sus familiares a plató.
Para acabar con esta práctica, la formación presentó el pasado mes de febrero una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno a que acometa las reformas legislativas que sean necesarias para que estas situaciones no vuelvan a repetirse. "Hay que evitar que el crimen genere derechos de autor", afirma Oramas.
En España existen multitud de ejemplos. Son muchos los delincuentes, imputados o familiares directos que han acudido a televisión a contar su historia por dinero: Luis Roldán, el exdirector de la Guardia Civil que fue condenado por malversación; Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, con cuentas pendientes con la Justicia; o Rosalía García, madre de El Cuco, el menor procesado por la muerte de Marta del Castillo.
CC quiere que se ilegalice cualquier tipo de pago o prestación desde medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a personas que, habiendo sido condenadas por la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron impuestas.
La prohibición no quedaría únicamente ligada a los delincuentes, ya que alcanzaría también a sus familiares o allegados. El fin es claro: que nadie puede lucrarse de algún acto delictivo, ya sea de manera directa o indirecta. Se pretende también que esa prohibición sea extensiva a aquellas personas que imputadas en algún tipo de delito o condenadas por los mismos no tengan una penalización económica pendiente. Cualquier persona, sea o no delincuente, podría ejercer su derecho a la libre expresión en los medios, de modo que Coalición Canaria pretende adelantarse también a ese supuesto.
Una medida para "evitar que un crimen genere beneficios de autor"
En los últimos años, "los pagos realizados por las cadenas de televisión a delincuentes convictos o a sus familiares se han multiplicado", según Ana Oramas. Este hecho no hace sino remarcar "la perversión de valores que supone que, por ejemplo, un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a una televisión a hablar de ello".
Según la diputada, al final "los medios televisivos que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones públicas realizadas por el Estado, vienen a premiar a la postre a delincuentes con cantidades que ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas".
Un "contrasentido" que el Gobierno no haga nada
Ana Oramas asegura que "es un contrasentido ante el que los poderes públicos no pueden permanecer impasibles; con independencia de que corresponda a las organizaciones profesionales de la comunicación y el periodismo la autorregulación debida para que se restablezcan las buenas prácticas deontológicas".
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Para Coalición Canaria, este tipo de entrevistas "se han convertido, en muchos casos, no ya sólo en un circo donde no se respeta ninguna regla informativa, sino en un trampolín para la comisión de otros delitos de calumnias o injurias".