La precaria situación de TPA, la televisión pública asturiana, no ha mejorado con la llegada del nuevo Gobierno del PSOE al Principado. Así, el sindicato CSI ha denunciado nuevos impagos y que el Ejecutivo ha manifestado su intención de seguir recortando plantilla fija para apostar por más externalizaciones, a pesar de las sentencias que han declarado ilegal esta modalidad de contratación.
En un comunicado, titulado "RTPA, te estamos perdiendo", el sindicato denuncia que al igual que hace un año pasara con el Gobierno de Foro, el actual gobierno socialista ha dejado de transferir a RTPA las mensualidades presupuestadas para 2012. No obstante, añaden que "la diferencia es que ahora hay comunicación entre la Dirección de RTPA y el Gobierno" y remarca la "colaboración silenciosa entre las dos partes".La representación de los trabajadores del ente público asturiano explica que el Gobierno regional "no se limita a exigir que RTPA se ajuste a un presupuesto limitado" y que los socialistas pretenden algo más que "una reducción de gasto", algo que "dejan entrever en los absurdos condicionantes que ponen a la aplicación de medidas de ahorro".
CSI: "Un ERE no es la solución"
Entre estas medidas está el "no permitir que se incremente la partida de gastos de personal, ni aún sabiendo que aumentando un poco esta partida se pueden reducir un mucho otras", o "prohibir tajantemente el incremento del número de trabajadores con contrato directo". "Esto es una negativa total a cumplir las sentencias judiciales de cesión ilegal que afectan por ahora a hasta 26 compañeros y un fuerte respaldo a los contratos con empresas que ceden ilegalmente trabajadores a RTPA declarados fraudulentos por los Juzgados".
TPA se enfrenta a 40 demandas por cesión ilegal, ya que las empresas subcontratadas no ofrecen mas que mano de obra a la pública
Desde CSI recuerdan que "hay partidas presupuestarias que eran desviadas fraudulentamente a gastos de explotación cuando en realidad no son más que gastos de personal encubiertos mediante pagos a pseudoempresas que cedían y ceden aún ahora trabajadores a RTPA ilegalmente. Estas partidas deben pasar automáticamente a complementar los gastos de personal para asumir la incorporación a plantilla de estos compañeros".
El sindicato de RTPA afirma que el ente tiene en mente "la posibilidad de hacer un ERE" ante la negativa del Gobierno asturiano de aumentar el número de puestos de trabajo directos. CIS considera que "el problema no son las sentencias sino la cesión ilegal y la mejor solución posible y la más barata es contratar directamente a los trabajadores que RTPA necesita y utiliza habitualmente para ejercer su función. Es absurdo pretender ajustar la plantilla directa y contratar a otros que hagan su trabajo a través de empresas externas ya que no sólo supone un sobrecoste sino que además es ilegal".
El sindicato cree que "la intención del Gobierno socialista para la RTPA es reducir al mínimo el número de empleados públicos. Así tendrían un control total sobre la televisión pública" que pasaría a ser "una televisión totalmente externalizada o privatizada en la que lo único público sería el dinero que pondríamos entre todos y que repartiría entre diferentes empresas elegidas en una red clientelar siguiendo procesos poco transparentes como los que se han vivido hasta el momento".
CSI:"La mejor solución posible es la "internalización" de trabajadores
En el comunicado se hace mención al Clúster Audiovisual Asturiano, "presentado en sociedad el pasado miércoles con la bendición del consejero de Industria y Empleo y el director general de RTPA y que se postula para participar en este reparto de nuevas áreas para convertir directamente gasto público en beneficio privado sin necesidad de haber generado antes un beneficio a la sociedad". El sindicato reconoce esta asociación "a muchas empresas que se han lucrado gracias a su relación con RTPA mediante contratos fraudulentos a través de los cuales explotaban y cedían ilegalmente trabajadores".
CSI: "En la televisión pública no hay cabida para los pseudoempresarios"
Para el sindicato, llegar a una solución radica en la 'internalización'. "Basta con eliminar intermediarios y contratar a los trabajadores directamente para mantener el servicio, el empleo y abaratar notablemente los costes". Según CSI, la pública "pierde dinero pagando a una pseudoempresa para que le ceda un trabajador que contratándolo directamente le sale mucho más barato, reduce su precariedad laboral y además se cohonesta con la Justicia". Desde el sindicato van más allá y afirman que Gobierno y cadena deberían "alejarse de chanchullos, de pagos de favores y de maquillaje de estadísticas y tener verdadera voluntad de convertir a RTPA en una televisión pública y austera".
Recuerdan también que "RTPA dispone de infraestructuras propias que han supuesto una importante inversión en su momento y están absolutamente infrautilizadas, como el plató de programas, que podrían ahorrar mucho dinero con una gestión mínimamente decente. La optimización de recursos es más necesaria que nunca en estos tiempos, y para ello es necesario empezar a gestionar el dinero público como si no cayera del cielo".
CSI: "No son admisibles ningún tipo de despidos ni recortes generales mientras se defienden los privilegios de los 'elegidos'".
Ante la posibilidad de un posible Expediente de Regulación de Empleo en la TPA, el síndicato considera que "no es admisible que se hable de ERES cuando se está pagando a diferentes empresas por ceder ilegalmente trabajadores a RTPA. Cuando lo que se llevan estas empresas supera ampliamente lo que costaría pagar directamente a los trabajadores que hacen ese trabajo. Cuando se está transformando gasto público directamente en beneficios privados. Cuando se incumplen sentencias judiciales y se prorrogan contratos fraudulentos. No son admisibles despidos improcedentes de cedidos ilegales. No son admisibles despidos de interinos ni de fijos. No son admisibles despidos de trabajadores de contratas integradas en RTPA y cuyo trabajo sigue siendo necesario"
La CSI termina el comunicado comunicando que los recortes son inadmisibles "cuando se dedica la mitad de lo presupuestado como gastos de personal a complementos y cargos de confianza. Cuando se paga un plus a 36 responsables seleccionados por afinidad y méritos políticos y no por capacidad y méritos profesionales, cuando muchos de los cuales duplican o más que duplican su sueldo. Cuando no se cumplen los compromisos económicos de Convenio que ya han sido recortados".
