Piden el cierre inmediato de no menos de 17 canales de televisión y no sólo los 9 que se han comunicado

Infraestructuras y Gestión 2002 S.L. ha presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un Incidente de ejecución de Sentencia solicitando la ejecución real de la sentencia de noviembre del año pasado por la que se declaraba la nulidad del acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de julio de 2010 por el que se asignaba -sin concurso público- un múltiple digital de cobertura estatal a cada una de las sociedades Licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre.

Según la solicitud deberían dejar de emitir los canales digitales nacionales de televisión privada (TDT) que no se obtuvieron por concurso público

Esta ejecución pretende el cierre inmediato de no menos de 17 canales de televisión cesando todos aquellos servicios de comunicación audiovisual privados nacionales de TDT que se están prestando sin haber mediado concurso público.

La literalidad de aquel acuerdo del Gobierno establecía que en ejecución de la sentencia, los licenciatarios afectados deben dejar de emitir aunque posponía "sine díe" la fecha concreta, en contra de lo que establece la Ley. En el escrito la empresa indica que "el cese cierto de emisiones es, por tanto, la ejecución de sentencia" y que esta no admite demora alguna.

No menos de 17 canales deberían cerrar

Infraestructuras y Gestión 2002 S.L. indica a la Alta Sala de lo Contencioso Administrativo que "resulta contrario a la Ley 29/1998 y a los más básicos principios del Derecho Administrativo que quede a la discrecionalidad de la Administración la fecha de ejecución de la sentencia". También pone en evidencia que el marco legal aplicable no es el antiguo y extinto, propio de Servicios Públicos que se prestan mediante Concesión Administrativa, si no que se tratan de simples servicios de interés general prestados mediante licencias administrativas en un marco de libre mercado. Por ello solicita al Tribunal Supremo su ejecución inmediata.

Adicionalmente se hace ver que es erróneo el número de canales que se pretende dar por afectados, dejando claro que no son sólo los 9 que se han informado "si no un número significativo de canales contra legem": todos aquellos que no se han otorgado por concurso público y que actualmente se cifran en no menos de 17 servicios de comunicación audiovisual privados nacionales que se difunden a través de TDT.

De esta forma, estarían afectados la mayoría de canales nacionales pertenecientes a Atresmedia, Mediaset España, Unidad Editorial y Vocento.

Por lo tanto se pide al Alto Tribunal que anule parcialmente el acuerdo de ejecución del Consejo de Ministros de marzo pasado por el que "con el fin de salvaguardar los objetivos de interés general, las sociedades podrán continuar emitiendo hasta que culmine el proceso de liberación del dividendo digital".