El director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez, declarará el próximo 15 de julio en el juzgado número 3 de Pozuelo de Alarcón. A Sánchez se le imputan cinco delitos: contra los derechos de los trabajadores, malversación de fondos públicos, prevaricación, delito societario y tráfico de influencias, según informa El País.
Todo comenzó con la querella presentada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Madrid de CCOO tras la contratación de la filial de Telefónica para la producción técnica de sus emisiones tras el ERE que dejó en paro a 829 trabajadores. Para CCOO esto es una cesión ilegal de trabajadores, además de un posible delito de tráfico de influencias, pues Sánchez fue director general de la División Latinoamericana de Telefónica Internacional y actualmente figura como empleado de Telefónica en excedencia.
José Antonio Sánchez Domínguez
Este contrato para las emisiones que motivó la querella, ha salido a subasta recientemente con un importe máximo superior al que está pagando la televisión pública. Según los pliegos de condiciones se establece que el presupuesto es de 310.000 euros (sin IVA) al mes durante nueve meses, un total de 2.790.000 euros, mientras que portavoz confirma que ahora pagan 300.000 euros por cuatro meses, en total 1,2 millones de euros. Una subida como mínimo del 3,3%.
El contrato sale a concurso ahora para el plazo que tarde el Tribunal Supremo en dictaminar si declara nulo el ERE o no. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó que no se ajustaba al derecho, pero esta sentencia ha sido recurrida por ambas partes al Tribunal Supremo. Puntualizar que en el pliego de la subasta se recoge que la cadena se reserva el derecho a rescindir el contrato en caso de que el Supremo dictamine a favor de los trabajadores.
Sin comentarios por parte de la cadena
El único comentario realizado por Telemadrid al respecto se produjo cuando se conoció la admisión a trámite de la querella. En ese momento enviaron una nota en la que decían que en caso de que tuviera lugar la imputación "se podrá efectuar un análisis crítico y riguroso de los hechos denunciados." Además, desde CCOO han asegurado en varias ocasiones que Sánchez ha rechazado reunirse con los representantes de los trabajadores para tratar este y otros asuntos.
