Salvador Alemany
Allemany se ha mostrado cauteloso y ha dicho que la decisión de alcanzar una cobertura del 100% fue del estado, quien además se encargó de hacer concursos públicos para sufragar esta necesidad. El presidente de Abertis reconoce desconocer si la ayuda pública prestada puede ser considerada
"ilegal" puesto que llegar a la cobertura deseada era muy caro. Hay que tener en cuenta que el Plan Técnico Nacional sólo obligaba a alcanzar un 96% de cobertura en las privadas de TDT y un 98% en el caso de las públicas, aunque el gobierno pretendía llegar al 100%.
A pesar de esto, Abertis no tiene, en principio, nada de qué preocuparse, pues no supera el umbral mínimo para que se considere que recibieron ayudas públicas de Bruselas. Aunque según fuentes comunitarias corresponde al Gobierno español decidir como recuperará los 260 millones.
La Comisión Europea ha estado investigando durante tres años
Para buscar el origen de esta decisión hay que remontarse al año 2010 cuando un operador de plataforma por satélite interpuso una denuncia ante la Comisión por considerar que se encontraba en inferioridad de condiciones frente a la tecnología terrestre.
Tras esta investigación de tres años, el dictamen del Ejecutivo Comunitario es claro: "La medida favorece a la tecnología digital terrestre en detrimento de otras. Los operadores de plataformas terrestres han recibido una ventaja selectiva con respecto a sus competidores." Junto a ello, se encuentra la medida previamente mencionada de que las TDT españolas tienen que devolver el dinero.
La Comisión sigue investigando la digitalización en España
Además de este asunto la Comisión Europea está investigando dos casos de digitalización en España. Uno de ellos relativo a la transición llevada a cabo en Castilla La-Mancha, pues también habrían discriminado a otras operadoras de plataformas terrestres regionales o locales. El segundo caso está referido a las ayudas concedidas a los radiodifusores por el cambio de ancho de banda.