Murcia vuelve a hablar de su televisión. El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia aprobó este viernes el contrato-programa del servicio público de comunicación audiovisual que regirá durante los próximos tres años (2014-2016) y que regulará el funcionamiento de los servicios públicos de radio y televisión.
El contrato-programa recoge las condiciones y requisitos que debe tener la "nueva" cadena. Se fija un mínimo de 42 horas semanales de servicio público, entre las que se incluyen los informativos y los eventos más relevantes de la Región, según recoge La Verdad.
La autonómica más barata
7RM contará con un presupuesto de 12 millones de euros, es decir, un tercio de lo que recibía hasta ahora del Gobierno regional. Con ello se logra que el coste por habitante y año sea inferior a 10 euros. A pesar de esta significativa bajada, la comunidad pretende recuperar el empleo en el sector audiovisual de la región, es por ello, por lo que el gestor privado que se haga con la licencia de explotación deberá coproducir o encargar a empresas de Murcia la programación de tipo divulgativa o de entretenimiento.
El documento señala que los ciudadanos deben tener como referente a esta radio y a esta televisión, especialmente en los temas de proximidad, tanto en el ámbito regional como local. La Comunidad establece, además, que ambos medios estén "alejados de cualquier sesgo político". Tienen que apostar por la pluralidad y la objetividad".
Juan Bernal
RTRM vigilará que se cumplan las condiciones
Una vez aprobado el contrato-programa, la Consejería de Economía y Hacienda sacará a concurso el servicio público de televisión con el fin de que próximo año esté ya en funcionamiento. La empresa pública empresarial Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) será, tal y como recoge la Ley, la encargada de vigilar de que se cumplan las condiciones establecidas.
Esta empresa, la RTRM, será además quien se encargue de la producción y de la difusión de Onda Regional y Onda Regional Música, a través de sus emisoras de FM e internet.
Cabe destacar que en la elaboración de este contrato-programa, el Ejecutivo regional ha contado con la colaboración del Colegio de Periodistas, de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión Región de Murcia (ARTV), la Asociación de Empresarios de Producción Audiovisual de la Región de Murcia (APROMUR), la Asociación Murciana de Empresas de Tecnología (TIMUR), la Asociación de Productores Audiovisuales de la Región de Murcia (APARM) y el comité de empresa de RTRM.
"7RM podrá emitir telebasura", según el comité de empresa
El comité de empresa de RTVM no ha tardado en hacer un público un comunicado criticando el contrato-programa recién aprobado, ya que "incumple el servicio público de calidad previsto por la Ley y el Mandato marco aprobado por la Asamblea Regional el pasado mes de marzo. El gobierno regional limita el objetivo general de servicio público a un horario mínimo, fuera del cual pueden emitirse 'reality shows, programas de televenta o similares', sin más condición que un presupuesto de origen privado".
Según la nota, no han tenido en cuenta sus recomendaciones, ni siquiera en la "línea editorial institucional que contiene el contrato, y que confunde la cobertura de la información de las instituciones con ser portavoz de la administración, labor más acorde con la de un gabinete de prensa".
"Consideramos preocupante la creación de una comisión de control del servicio público que, con un presupuesto anual más elevado que el previsto para Onda Regional, tiene unas funciones que no se detallan y unos miembros exclusivamente políticos y no profesionales".
El comité de empresa lamenta que "tampoco se concilie con el Estado aconfesional y laico definido por nuestra Constitución la reserva que el contrato-programa hace de un espacio semanal para confesiones religiosas".
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Para el comité de empresa el contrato-programa mantendrá "una situación de precariedad" para los próximos tres años. Remarca del mismo modo "la escasa calidad del servicio televisivo y la degradación del radiofónico, afectado por un ERE cuyos efectos de ahorro son irrisorios, y que ha sido denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia, que celebrará juicio el día 24 de septiembre".