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La Madrid Film Commission, fundación encargada de gestionar los radajes en la ciudad, ha contestado al Ayuntamiento de Barcelona por "intromesión innecesaria" en la grabación de la serie 'Isabel'. Según informa Europa Press, la fundación considera que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal se ha entrometido en el proceso creativo de una obra audiovisual.
Sin embargo, hay que aclarar que el Ayuntamiento de Barcelona sí que otorgó los permisos de grabación para la plaza del Rey al tratarse de un espacio público. Fue Joan Roca, director del Museo de Historia de Barcelona (Muhba) quien denegó la solicitud.La fundación Madrid Film Commision ha señalado que este tipo de hechos deslegitiman la función de los ayuntamientos ya que supone una dificultad añadida a la hora de desarrollar proyectos audiovisuales. Además, la fundación lamenta que se niegen los permisos de grabación por ser una producción de gran rigor histórico.
Plaza del Rey de Barcelona
Debido a la polémica generada estos días por los permisos de grabación de 'Isabel', la asociación ha abierto sus puertas a todos los productores que quieran filmar con total "libertad creativa". Desde la Madrid Film Commision invita a rodar en la ciudad películas, series o spots ofreciendo tanto localizaciones históricas como actuales para adaptarse a todos los proyectos.
Denuncia por posible prevaricación
La Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), presidida por Santiago Abascal, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado al considerar que el impidimento de la grabación podría ser un delito de prevaricación.
Tal y como informa Libertal Digital, que la Dirección de Patrimonio, Museos y Archivos del Ayuntamiento de Barcelona no hayan aceptado las peticiones de grabación por "esencuentro entre la esencia del rigor histórico del museo y la difusa línea entre la realidad y ficción" podría vulnerar los artículos 14 y 16 de la Constitución. Estos artículos hacen referencia tanto a la igualdad ante la Ley sin discriminar por la opinión de la persona, así como a la libertad ideológica.
Por tanto, haber negado el uso de las instalaciones públicas solicitadas por motivos de "discrepancia política, ideológica o historiográfica" podría suponer un acto de prevaricación.
