El Gobierno de España y las comunidades autónomas de País Vasco, Galicia, Cataluña y Navarra han presentado varios recursos en contra de la decisión de la Comisión Europea al respecto de la devolución de los 260 millones que entregó al gobierno español. Dichas ayudas estaban destinadas a financiar la transición a la TDT de regiones remotas del península ibérica pero, en opinión de la Comisión Europea, el dinero se usó de forma "ilegal".
El ejecutivo comunitario considera que el Gobierno español solo otorgó dicho dinero a las operadoras terrestres en detrimento del satélite, el cable e internet. Por ello, pidieron que se devolviese todo el dinero prestado en el plazo máximo de cuatro meses. Tras este fallo algunas comunidades autónomas y el Gobierno central han decido protestar ante el Tribunal General de la Unión Europea, quien tardará varios meses en pronunciar una sentencia firme. En caso de que el fallo sea negativo para España, se podrá presentar un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Edificio Berlaymont (Bruselas), sede de la Comisión Europea
El resultado de tres años de investigación
La Comisión Europea ha estado investigando el caso durante tres años para finalmente afirmar que el Gobierno español ha actuado de forma ilegal. En el año 2010 un operador de satélite (Astra), denunció la actuación del ejecutivo a la Comisión, quien tras una ardua investigación ha dictaminado claramente que se ha favorecido a la TDT en detrimento de otras. "Los operadores de plataformas terrestres han recibido una ventaja selectiva con respecto a sus competidores".
Además, la Comisión Europea sigue investigando dos casos de digitalización en España. Uno de ellos relativo a la transición llevada a cabo en Castilla La-Mancha, pues también habrían discriminado a otras operadoras de plataformas terrestres regionales o locales. El segundo caso está referido a las ayudas concedidas a los radiodifusores por el cambio de ancho de banda.
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