Canal Nou ya es historia. Tras más de 12 horas aguantando, los trabajadores han sido desalojados por la Policía después de que un juzgado de Paterna lo ordenara. Momentos antes, la cadena autonómica se ha ido a negro dejando de existir.
Ante la entrada de los 30 policías que han formado parte de esta operación, los trabajadores han gritado consignas contra Fabra y la ya famosa frase de protesta "No estanca RTVV". Muchos se han emocionado ante el cierre de la televisión pública valenciana.Los trabajadores que se encontraban dentro del inmueble en Burjassot han estado informando al minuto durante toda la noche y la mañana de lo que estaba ocurriendo en el interior. Estos se han apostillado y han ocupado los pasillos impidiendo que se llevara a cabo la desconexión, algo que han conseguido durante varias horas.
Un juzgado de Paterna ha permitido la entrada de la Policía para cerrar RTVV
Ante tales dificultades, uno de los dos liquidadores nombrados por el Gobierno de Alberto Fabra se ha personado en el juzgado para denunciar una ocupación ilegal, pero la justicia lo ha rechazado. Posteriormente, han acudido a otro juzgado de Paterna y este sí ha consentido el desalojo.
La policía ha dejado que los trabajadores acudieran al plató a despedirse de "su hogar durante 23 años". Allí se han agolpado todos pero la señal, que RTVE ha emitido en todo momento desde su web, se ha ido a negro antes de que pudieran decir sus últimas palabras.
El PP, único partido que votó a favor de su cierre en las Cortes
El intento de cierre de RTVV llega pocas horas después de que las Cortes votaran a favor del desmantelamiento definitivo de la televisión pública valenciana. El resultado fueron 49 votos a favor (de los diputados del PP), 42 votos en contra de la bancada de la oposicón y uno nulo.
Solo los diputados del grupo popular dieron su aprobación en las Cortes Valencianas a la proposición de ley presentada por su mismo grupo parlamentario y que autorizaba al Consell a la extinción, disolución y liquidación de RTVV. Los parlamentarios de la oposición votaron en contra y, a continuación, se pusieron de espaldas desde sus escaños en señal de protesta.
Con esta ley se suprime la prestación del servicio público de radio y televisión autonómico de titularidad de la Generalitat. Como consecuencia, se produce la extinción de los contratos de todos los empleados de la radiotelevisión pública (unos 1.600).
