El eurodiputado Ramón Tremosa, representante de Convergència i Unió, ha trasladado hasta el Parlamento Europeo de Bruselas el conflicto generado a partir del cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV). En su interpelación, Tremosa había señalado que el cierre de la televisión pública supone el despido de 1.700 trabajadores, contando, además, con la reducción de la oferta televisiva "en lengua catalana" que esa decisión supone, tal y como publica Europa Press.
"No se puede poner en entredicho a un determinado Gobierno por las decisiones relativas a su sistema público de radiodifusión"Respecto a este tema, "la Comisión no puede pronunciarse, ya que el Tratado deja claro que Bruselas elude pronunciarse sobre el cierre de Canal 9 porque es competencia de las autoridades españolas", ha explicado por escrito Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión y responsable de Telecomunicaciones, al eurodiputado catalán.
"Aunque la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación constituyen las bases esenciales de las sociedades democráticas recogidas de la Carta, solo proceden en caso de que se aplique el Derecho de la UE, y tal no es el caso en las circunstancias presentes", continúa Kroes.
En referencia a la importancia del hecho de que un canal autonómico con dominio público cierre sus puertas, la responsable de Telecomunicaciones señala que "la Comisión concede especial importancia a la función del sistema dual de organismos de radiodifusión públicos y comerciales, que preserva el pluralismo de los medios de comunicación y fomenta los valores europeos".
Pese a ello, Neelie Kroes apunta que "no se puede poner en entredicho el mandato de un determinado Gobierno a la hora de adoptar decisiones relativas a su sistema público de radiodifusión, incluso en caso de que ello incida en la información disponible en una determinada lengua". En este aspecto, Kroes destaca que "según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el uso de las lenguas mayoritarias o minoritarias en los Estados miembros entra en el ámbito de su jurisdicción y responsabilidad exclusiva".
Canal 9 cambió su imagen poco antes de desaparecer
El PSOE cree que la decisión de Fabra viola la Constitución
Lo socialistas, de la mano de su portavoz, Soraya Rodríguez, alegaron hace unas semanas que el decreto ley presentado por la Generalitat ante el cierre de Canal 9 iba en contra del artículo 6.1 de la Constitución española que establece que las condiciones para que se pueda dictar un decreto ley son razones extraordinarias y de urgente necesidad. "Urgencia" que el grupo socialista no ve fundamentada. Además, admiten que se trata de una vulneración del artículo 20 de la Constitución en el que se dice que es necesario el control parlamentario de todos los medios públicos de comunicación.
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