Ramón Luis Valcarcel
Empresarios y profesionales del sector audiovisual de la Región emitieron este 17 de febrero un comunicado reclamando al Consejo de Gobierno que apruebe esta semana el concurso para la gestión indirecta de la televisión autonómica 7RM. De acuerdo con la nota este "debía haber sido aprobado" por el Gobierno regional el pasado viernes.Los representantes de las organizaciones empresariales murcianas del sector audiovisual, mantuvieron una reunión para recordar que "lo que está en juego es mucho más que el simple hecho de dotar de sentido al canal autonómico, sino el desarrollo o la desaparición de un sector productivo regional que tiene alta capacidad para generar riqueza, empleo de calidad y valor añadido".
También indican que pese a que la comunidad argumente la necesidad de explicar el gasto de la televisión en un momento de ajuste, realmente "no existen causas justificadas para retrasar la licitación, ni que llevar a cabo la misma pueda ser objeto de debate". Para las organizaciones es "sorprendente que se pueda hablar de 'oportunidad política'" y y dotar a la misma de capacidad para pasar por encima de un proceso modélico, que ha logrado el consenso de los agentes sociales y económicos implicados.
El texto afirma que el pretexto del presupuesto (cuatro veces y media inferior al del resto de televisiones autonómicas) se va derribado cuando la licitación "puede ser capaz de impulsar la industria audiovisual en la Región de Murcia, de tal manera que por cada euro invertido el sector sea capaz de generar otros tres euros en el mercado, además de numerosos empleos inducidos".
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Incumpliendo la ley
Las organizaciones empresariales y profesionales creen que con este retraso el "Gobierno regional podría estar incumpliendo" la Ley de diciembre de 2012, de creación de la empresa pública regional Radiotelevisión de la Región de Murcia, que "exigía que el plazo máximo del periodo de transición, en el que la gestión de la televisión autonómica debía pasar de manos de RTRM a las de un operador privado, era de 12 meses contados a partir de su entrada en vigor". El plazo venció hace ya más de dos meses por lo que no descartan llevar el asunto a los tribunales.