La junta directiva de UTECA dimite en bloque por la "inacción" del Gobierno en la asignación de canales de TDT

La junta directiva de la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), que agrupa los cuatro operadores de TDT en abierto de cobertura nacional (Atresmedia, Mediaset, Veo TV y Net TV), ha dimitido en bloque por la "inaceptable inacción" del Gobierno ante "la delicada situación en la que el fallo del Tribunal Supremo pone a todo el sector, respecto a la asignación de canales adicionales efectuada por el gobierno en el 2010".

La dimisión se ha formalizado durante una reunión extraordinaria para analizar la situación y se produce por la intención de UTECA de hacer público "su malestar por esta ya larga incertidumbre". Desde la entidad avanzan que ya se ha convocado una asamblea extraordinaria para "el nombramiento de las personas que hayan de ocupar los órganos de dirección".

UTECA denuncia que la sentencia del Tribunal Supremo es "consecuencia en realidad de un mero vicio formal imputable a la Administración", pero que "lesiona gravemente los intereses de los operadores pese a que estos habían cumplido con todas y cada una de sus obligaciones, y pone en grave riesgo la continuidad de la emisión de varios canales, con la consiguiente pérdida de opciones para los espectadores y daños irreparables para la industria audiovisual española".

Además, la entidad aclara que "la voluntad del Gobierno de encontrar una solución aún no se ha materializado en una propuesta". Algo que UTECA, que incluso ha presentado sus propias propuestas, está esperando con inquietud.

El reparto de canales debió hacerse mediante concurso público

En julio de 2010, el Gobierno, entonces con el PSOE al frente, aprobó la asignación de un múltiplex (con capacidad para cuatro canales) a determinados operadores (Veo TV, Net TV, Gestevisión Telecinco, Grupo Antena 3, laSexta, Sogecable) con capacidad para emitir en todo el territorio español.

No obstante, ese mismo mes el Supremo ya señaló que el Gobierno socialista debió haber cumplido la Ley General de Comunicación Audiovisual (en vigor desde mayo de ese año), que fijaba que las licencias para canales adicionales tenían que ser concedidas mediante concurso público, a fin de no excluir del mercado audiovisual a otras televisiones.