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Una vez más Toñi Moreno y su programa 'Entre todos' vuelven a ser el blanco de las críticas. Esta vez, vienen de la mano del Bloque Nacionalista Galego (BNG). El grupo ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta para cancelar el programa de La 1 pidiendo además que el presupuesto que asigna TVE a dicho programa sea destinado para la ayuda de programas sociales, según infoma El economista.
La diputada del Grupo Mixto Olaia Fernández piensa que el espacio es "impropio para una televisión pública, ya que no respeta el derecho a la intimidad ni la dignidad de personas en situación de desventaja social".
Toñi Moreno
De esta forma, la diputada pide que el magacín sea retirado de la parrilla de la cadena pública calificándolo de ser un programa con un "tratamiento humillante a las personas con necesidades y que trata de sustituir derechos sociales por simple caridad".
'Entre todos' tiene un coste de 3,68 millones según el BGN
Según el grupo galego, 'Entre todos' tiene un coste muy elevado que se resumen en: "3,68 millones de euros por temporada. 1,29 millones de euros para el despliegue técnico; 972.812 euros para la maquinaria de rodaje y transporte; 236.682 euros para el personal artístico, y otros 221.860 euros para viajes, dietas y comidas".
Con estos datos presentados al Gobierno, el bloque nacionalista propone que se pongan "los tres millones de euros que cuesta al erario público este programa a disposición de programas de servicios sociales destinados a la atención de familias y personas con problemas económicos, sanitarios o de cualquier otro tipo psicosocial".
Trabajadores sociales exigieron la retirada del programa
Fernández ha querido dejar claro que el espacio es "muy cuestionado por profesionales y trabajadores sociales" que no ven claro el objetivo solidario del programa presentado por Toñi Moreno.
Así lo hicieron el pasado mes de de septiembre el Consejo General del Trabajo Social que exigió a Televisión Española la retirada del programa 'Entre todos' considerando que se trata de un formato con "un claro ataque al estado de bienestar, a la universalidad de los derechos sociales y que solo supone un parche para los problemas de las familias, cuya dignidad no se respeta".
