UTECA ha hecho pública esta tarde una dura carta contra el Ministro de Idustria, José Manuel Soria, en la que critica la decisión del cierre de 9 de los 24 canales de la TDT ordenada la semana pasada tras la última sentencia del Tribunal Supremo.
A juicio de UTECA, esta decisión "supone una situación sin precedentes en cualquier democracia". Además de un claro daño a la denominada "marca España", las televisiones aseguran que esta decisión acarreará pérdida de puestos de trabajo en el sector audiovisual, además de la pérdida de los "millones de euros" invertidos en estas cadenas.
Carta abierta a D. José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo
Excmo. Sr. D. José Manuel Soria:
Desde la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) queremos hacerle llegar esta carta con el fin de hacer pública y oficial nuestra más absoluta perplejidad y disconformidad con la resolución que desde la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) se remitió a nuestros asociados la semana pasada, y en la que se requiere a los cuatro operadores nacionales de televisión el cese de emisiones de nueve de los veinticuatro canales que actualmente emiten a través de la TDT, antes del 6 de mayo.
El cese de emisiones de nueve canales de televisión al que se nos está forzando supone una situación sin precedentes en cualquier democracia, un ataque a los derechos de los ciudadanos, que van a ver reducida su capacidad de elección y una significativa merma de los canales que ofreció la transición de la televisión analógica a la digital, mayoritariamente gratuita.
Queremos hacer constar también que, más allá de esta preocupante reducción de la pluralidad informativa y de ocio, el cierre de nueve canales implicará un impacto económico en toda la industria audiovisual española. Productoras, creadores, artistas, proveedores tecnológicos y otros muchos actores implicados en la cadena de valor del audiovisual se verán afectados, y en muchos casos, gravemente. Un importante número de puestos de trabajo, directos e indirectos, se pondrán en riesgo con esta decisión. A ello se suman los millones de euros invertidos para poner en marcha estos canales, y que, con su cierre forzoso, simplemente se perderán.
Pero en materia económica es aún más lo que se está poniendo en riesgo. La inseguridad jurídica y la incertidumbre regulatoria que se desprenden de esta decisión están provocando la paralización de futuras inversiones, y que empresas tanto nacionales como internacionales se cuestionen la idoneidad de instalarse en nuestro país y de invertir en nuestro sector audiovisual. Es posible que el descrédito al que se somete a la marca España con el cierre de esos nueve canales de televisión no haya sido adecuadamente valorado por su Ministerio cuando decidió emprender este camino.
El requerimiento que han recibido los cuatro operadores nacionales de televisión es el resultado de una incomprensible y alarmante inacción por parte de su Ministerio y un intento de dar carpetazo final a una situación que durante 18 meses UTECA se ha esforzado por solucionar de forma cordial y beneficiosa para todas las partes.
Desde que en noviembre de 2012 el Tribunal Supremo dictó sentencia declarando no ajustada a derecho la situación de nueve canales de TDT, UTECA ha presentado al Ministerio y a sus representantes opciones técnica y legalmente viables capaces de enmendar los errores que en su día cometió la Administración, y en los que está el único origen de dicha sentencia, con el fin de mantener las emisiones y evitar una situación extrema y de graves consecuencias sociales y económicas.
Como usted bien sabe, la resolución del Tribunal Supremo a la que ahora apelan para ordenar el cese de emisiones tan sólo constata que en la fase final del proceso de transición de las emisiones analógicas a la TDT, que debía culminar con la debida asignación a los operadores del espectro necesario para la emisión de cuatro canales por licencia si habían cumplido con todos sus compromisos, fue la propia Administración quien incurrió en una serie de errores y carencias puramente formales. Los operadores cumplieron todas las obligaciones que se les habían impuesto, pero la Administración se retrasó en reconocerlo hasta después de la aprobación de la nueva Ley General Audiovisual. Ese es el único origen de esta dramática situación, que incluso podría empeorar en el futuro si no se toman las medidas necesarias.
La propia sentencia en la que se escuda su Ministerio señala a la Administración como único culpable y reconoce que los damnificados serán las televisiones, al considerar legítimas sus reclamaciones por daños y perjuicios, ya que cumplieron sus obligaciones durante el proceso de transición a la TDT.
Nos permitimos recordarle que la simple aprobación de un Real Decreto-ley que enmendara dichos errores administrativos y reconociera los compromisos asumidos por el Gobierno en el año 2005, permitiría mantener sin coste alguno las actuales emisiones. Esta opción presentada por UTECA se fundamenta en soluciones ya tomadas por su propio Ministerio para otros sectores como el energético.
Sin embargo, en lugar de solucionar los errores administrativos y hacer cumplir aquello que en su momento el Gobierno acordó con los operadores, su Ministerio exige el cese de los canales, con lo que tan sólo generará mayores perjuicios para los operadores de televisión y para el conjunto de los españoles.
También queremos poner en su conocimiento que, como es lógico, UTECA y todos sus asociados, que ya han solicitado el amparo del Tribunal Constitucional, estamos decididos a emprender todas las acciones legales necesarias para la defensa de nuestros derechos y los de los telespectadores, a quienes se quiere condenar a ver drásticamente reducida la oferta de información y entretenimiento, de la que actualmente disponen.
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