Mediaset España ha decidido presentar un recurso de casación inmediato contra la sentencia de la Audiencia Nacional que desestima su solicitud de sanción contra RTVE por su sobrepuja en la adquisición de los derechos de emisión de los partidos clasificatorios de la Liga de Campeones.
Mediaset España considera arbitraria la interpretación de los hechos por parte de la Justicia en esta resolución que, pese a reconocer la existencia de una sobrecotización de RTVE en una segunda puja, habiendo operadores privados interesados en la adquisición de dichos derechos, finalmente esgrime una serie de argumentos contradictorios para fallar a su favor, desestimando la solicitud.
Partido de Champions
La denuncia ha sido archivada
La compañía considera que queda de manifiesto en la propia resolución de la SETSI esta confusa interpretación que, si bien admite que "cabría cuestionar que sabiendo que había un operador privado de ámbito estatal como Telecinco interesado en optar a los derechos y que por tanto habría cumplido el objetivo legal de que determinados acontecimientos de interés general se emitan en abierto, la Corporación RTVE haya presentado una segunda oferta, por lo que la segunda oferta ya supondría automáticamente una sobrecotización en perjuicio de un operador privado", finalmente ha archivado la denuncia argumentando que la Liga de Campeones "es, además de un contenido televisivo de gran valor comercial, un acontecimiento de interés general compatible con la misión de servicio público atribuida a la Corporación RTVE" y que la oferta de RTVE era lícita "siempre que no fuese desproporcionada o no respetase el principio del inversor en la economía de mercado".
Mediaset considera ésta una contradicción más, dado que la retransmisión de los encuentros clasificatorios no son acontecimientos de interés general, ni por tanto compatibles con la misión de servicio público. Sin embargo, sí se consideran de interés general otros acontecimientos deportivos de carácter minoritario que no han sido atendidos por RTVE, vulnerando las obligaciones legales impuestas en su Mandato-Marco de 2007 de atender preferentemente la divulgación de deportes de participación minoritaria y con participación de la mujer. Una obligación que durante 5 años podría atender sólo con el dinero público estimado invertido para "arrebatar" a Telecinco los derechos de la Champions.
