Toñi Moreno
'Entre todos' continúa bajo la sombra de la polémica. Aún cuando el programa que presenta Toñi Moreno está de vacaciones, sigue recibiendo críticas y denuncias. La última a sumarse a esta tendencia ha sido la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha solicitado a la Fiscalía su intervención contra el espacio de La 1 por la "ilegítima" y "denigrante utilización" de los menores, que aparecen en televisión de "forma mendicante".Dicha asociación, tal y como recoge Efe, ha denunciado que 'Entre todos' hace uso de menores para generar compasión a los espectadores y, de esta forma, conseguir con mayor facilidad la ayuda que necesitan sus progenitores. Según una carta que ha remitido esta asociación al Fiscal de Protección y Reforma de Menores, se trata de "un comportamiento que puede calificarse sin lugar a dudas de mendicante".
Así mismo, subrayan que esta actitud es "denigrante" y, unido a que se expone a los menores en los medios de comunicación, podría suponer un delito porque "pueda implicar menoscabo de su honra o reputación". Es "evidente" que el programa se está "permitiendo" y "fomentando" la mendicidad infantil, mientras que se coarta la intimidad de los pequeños, "siendo perfectamente identificables en su entorno".
La Fiscalía ha actuado de oficio por usar a un menor discapacitado
Tal y como avanzó El País hace unos días, el Ministerio Fiscal ha presentado recientemente una demanda contra RTVE, el programa 'Entre todos' y la productora Proamagna por vulnerar presuntamente los derechos a la imagen y a la intimidad personal y familiar de un niño con discapacidad. La Fiscalía pide una indemnización para el menor de 15.000 euros por daños y perjuicios.
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La Fiscalía considera que se utilizó la imagen del niño enfatizando su discapacidad "con fines conmiserativos" y mendicantes, aludiendo reiteradamente a datos sensibles de su vida familiar. Además, el menor era fácilmente identificable, pues en la emisión del programa presentado por Toñi Moreno se facilitó el nombre y apellidos del padre, así como las iniciales del menor. Todo ello, en contra del artículo 3 de la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen.