FAPAE, confederación que agrupa a multitud de productoras audiovisuales españolas, ha emitido un comunicado saliendo en defensa de los productores valencianos representados por PAV (Productors Audiovisuals Valencians), pidiendo que no se las utilice como "elementos negativos y perniciosos en el panorama de la industria audiovisual española".
El comunicado se enmarca dentro de una polémica que nació con el cierre de la Radiotelevisión Valenciana en noviembre de 2013 y que continuó en mayo de este año, cuando el Juzgado de Primera Instancia de Paterna admitió a trámite la denuncia interpuesta por la coalición política Compromís contra la antigua cúpula directiva del grupo de comunicación.El juzgado comenzó a investigar a los acusados por unos posibles delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos. Delitos que generaron, según los denunciantes, un agujero presupuestario de 1.300 millones de euros.
"Sería deseable que las productoras fueran mantenidas al margen de las críticas políticas"
A la vista de esos hechos, FAPAE afirma en su comunicado que los presupuestos que realizan sus empresas son siempre pactados con la cadena emisora antes de comenzar a grabar el producto, y añaden que todos esos gastos son "justificados con sus correspondientes facturas y recibos" y "auditados al 100% al finalizar la producción".
Añaden también que dichas productoras no sólo justifican todos los desembolsos, sino que además sus precios son más ajustados que los de la competencia: "Los precios ofertados, en los últimos años, de las producciones valencianas, comparados con otras televisiones autonómicas, está por debajo del 15% del precio medio de mercado".
Casos como el que ha afectado a RTVV suceden, según FAPAE, debido a las "posiciones abusivas" en las que las cadenas de televisión consiguen situarse siempre que negocian con las empresas productoras ya que, afirman, estas relaciones "nunca son de igual a igual".
Los trabajadores de Canal 9 durante la última emisión de la cadena
Se añaden nuevos cargos a la denuncia
Por si hubiera poca polémica respecto al caso del cierre de la cadena autonómica, y en medio de un desfile de acusados por el juzgado, la fiscalía decidió recientemente ampliar la denuncia, añadiendo a los 1.300 millones de euros que supuestamente "desaparecieron" otros 80 más que fueron gastados sin control.
FAPAE cierra el comunicado aclarando que "la organización presupuestaria y las estructuras de gastos de los canales televisivos nunca han sido competencia de las empresas productoras, sino de los órganos jurídicos y políticos de cada cadena de televisión".
Según FAPAE, "las empresas de producción han sido tratadas como empresas prestadoras de servicio y, por tanto, no son responsables ni de la estructura presupuestaria, ni del personal fijo de la plantilla, ni de otras cuestiones económicas y financieras de las cadenas de televisión", por lo que "sería deseable que en las críticas políticas, absolutamente lícitas por parte de la oposición política y de los medios de comunicación, las sociedades de producción sean mantenidas al margen".
