Isabel Pantoja está a la espera de que se le notifique el auto de ejecución de sentencia dictado por la Audiencia Provincial de Málaga que confirma la condena por blanqueo de capitales a pagar 1.147.148,96 euros y a 24 meses de prisión (2 años).
Como ya informamos el pasado 24 de septiembre, dicho auto exige "en el término improrrogable de 10 días que se proceda al cumplimiento voluntario de la pena de 24 meses de prisión impuesta en la sentencia firme, con el apercibimiento de que, de no procederse al cumplimiento voluntario de la pena de prisión se decretará su busca y captura e ingreso en prisión", mientras que si no paga la multa deberá "cumplir en prisión el arresto sustitutorio".Las cadenas privadas cierran sus puertas a Isabel Pantoja, condenada a dos años de prisión por blanqueo
Tras esa notificación, empezará la cuenta atrás. Isabel Pantoja deberá pagar 1.147.148,96 euros, pero al parecer la cantante no puede hacer frente a la multa. Según ha conocido FórmulaTV.com, desde hace días la tonadillera está intentando cerrar una participación o entrevista en televisión que pueda reportarle una cuantiosa suma de dinero que le serviría para hacer frente a esa multa. Cabe recordar que si reúne todo el dinero eludiría el tener que entrar en prisión.
Según ha sabido este portal, Isabel Pantoja se ofreció a Atresmedia Televisión, pero el grupo de San Sebastián de los Reyes descartó inmediatamente la posibilidad de que pudiese sentarse en alguno de sus platós. Por su lado, Mediaset España confirma también que no tiene cerrada ninguna intervención con la cantante, por lo que quedaría en principio descartada su presencia en programas como 'Sálvame: deluxe'.
Así las cosas, Isabel Pantoja se ha encontrado con la negativa de los dos grandes grupos audiovisuales de España. Condenada a dos años por blanqueo de capitales, la tonadillera deberá encontrar el dinero para pagar su multa fuera de la pequeña pantalla. Televisión Española también ha negado que prepare cualquier nuevo especial con la tonadillera.
Al parecer, la cantante esperaba embolsarse cerca de 300.000 euros con una entrevista. En realidad, podría tratarse de un paquete de intervenciones que podría ir prolongando en el tiempo.
Si una persona es condenada a dos años o menos de prisión pero carece de antecedentes normalmente acaba por no cumplirla, sin embargo, no siempre es así tal y como matizaba recientemente el abogado de Mayte Zaldivar, Alfredo Herrero, en 'El programa de Ana Rosa': "Mucha gente piensa que una pena inferior a dos años sin antecedentes tiene automáticamente acceso a la suspensión y no es así, es una potestad del Tribunal sentenciador. No hay una fecha para entrar porque hasta que no se notifique no empieza a contar. Este tribunal es de los que piensan que las sentencias son para cumplirse. Si no se paga la multa se sustituye por pena de seis meses".
En los últimos días, se ha publicado que Isabel Pantoja estaría incluso pidiendo dinero a sus más allegados, no obstante, la propia cantante llamó a televisión para negarlo y afirmar estar "cansada de ser la cortina de humo de este país".
Isabel Pantoja en una actuación en TVG
El juició se llevó a cabo entre junio de 2012 y enero de 2013
El tribunal encargado de enjuiciar el caso en el que Isabel Pantoja estaba implicada efectuó el pasado 16 de abril de 2013 la lectura pública de la sentencia en la que se condenó a 24 meses de prisión y más de un millón de euros. Cabe recordar que la tonadillera se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de tres años y medio de cárcel y una multa de 3,6 millones de euros. Junto a ella, otras seis personas fueron imputadas por el caso de blanqueo de capituales.
La fiscalía pidió 3 años y medio de cárcel y una multa de 3,6 millones de euros para Isabel Pantoja
Una de ellas era el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, que fue condenado a siete años y seis meses de cárcel: cuatro años de cárcel por blanqueo de capitales y dos años y seis meses más por cohecho pasivo, por lo que se vio obligado a ingresar inmediatamente en prisión.
Por su parte, Maite Zaldívar y su hermano fueron condenados a 3 años, tres meses y un día de cárcel por blanqueo y al pago de una multa de casi dos millones y medio de euros (2.487.088.000). Hay que recordar que Zaldívar no dudó en aprovechar el tirón mediático del culebrón Muñoz-Pantoja para introducirse como comentarista en el programa 'A tu lado' (Telecinco), presentado por Emma García. Fue precisamente en este magacín de Telecinco donde Maite Zaldívar confesó, por vez primera, que su marido Julián Muñoz llegaba a casa con bolsas de basura llenas de dinero.
El juicio por el caso de blanqueo de capitales se llevó a cabo en 27 sesiones, entre el 29 de junio de 2012 y el 29 de enero de este año. La fiscal mantuvo en todo momento que tanto Isabel Pantoja como Mayte Zaldívar conocían perfectamente la procedencia ilegítima del dinero ganado por Julián Muñoz y que ambas se beneficiaron de ello.
El Gobierno opta por la autorregulación
Cometer un delito, hoy día, puede resultar hasta rentable si finalmente un programa de televisión está dispuesto a pagar por llevar al delincuente o a algunos de sus familiares a plató. En España tenemos multitud de ejemplos. Precisamente para acabar con ello, la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas presentó en febrero de 2012 una Proposición No de Ley (PNL) en la que instaba al Gobierno a que acometiese las reformas legislativas que fuesen necesarias para que estas situaciones no vuelvan a repetirse.
El objetivo era la modificación de la Ley de Televisión Privada y la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, para ilegalizar cualquier tipo de pago o prestación desde medios de comunicación concesionarios del servicio público de radiotelevisión a personas que, habiendo sido condenadas por la justicia, tengan pendientes las restituciones, indemnizaciones o multas económicas que les fueron impuestas. El fin era claro: que nadie pudiese lucrarse de algún acto delictivo, ya sea de manera directa o indirecta.
Según la diputada, al final "los medios televisivos que prestan el servicio público de televisión en base a concesiones públicas realizadas por el Estado, vienen a premiar a la postre a delincuentes con cantidades que ningún profesional de la televisión percibe por aparecer en pantalla una o varias horas". En este sentido, remarcaba la incongruencia de que "un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a una televisión a hablar de ello" y advertía de la peligrosidad de que estas prácticas acabasen siendo "un trampolín para la comisión de otros delitos de calumnias o injurias".
Finalmente, el Gobierno optó por la autorregulación y decidió que fuesen las propias cadenas las que decidan qué hacer ante este tipo de situaciones.
