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COMUNICADO

Los trabajadores de Canal Extremadura piden reformar la Ley Audiovisual para proteger el servicio público

El comité de empresa a través de un comunicado expresa la necesidad de elaborar una nueva ley con el consenso de todos los partidos políticos.

Por Marcos AndrésPublicado: Sábado 7 Febrero 2015 18:33

El comité de empresa, representante de los trabajadores de la radio y televisión pública extremeña se ha movilizado a través de un comunicado que recoge la petición formal de una reforma legislativa de la actual ley que regula la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA).

En una ronda de contactos que ha mantenido con todos los grupos parlamentarios, han manifestado que la actual ley está obsoleta y que no cumple la función de garantizar unos medios extremeños de carácter público, plurales e independientes como establece la Constitución Española. Señala además que el derecho fundamental de información recogido en el primer Título de la carta magna está en grave peligro, ya que la ley no lo garantiza.

"La actual Ley de la CEXMA se ha demostrado insuficiente para garantizar unos medios públicos acordes a los cometidos para los que se conciben como servicio público esencial y creados para satisfacer un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la información, un derecho que representa un pilar básico de una sociedad democrática."

Comité de empresa Canal Extremadura

Comité de empresa Canal Extremadura

Profesionales de la información integrados en el consejo de administración

Los motivos de la petición están claros, pero en el comunicado también se desglosan algunas de las medidas que el Comité de Empresa introduciría en la nueva ley. Los trabajadores de los medios de comunicación regionales piden la paralización de la privatización, la articulación de nuevos mecanismos que supervisen los principios de veracidad e imparcialidad de los informaciones y la presencia de de los trabajadores en el consejo de administración.

También rechaza que los intereses partidistas marquen el rumbo y la gestión de los medios regionales públicos, siguiendo ordenes con matices ideológicas en vez de aquellas que promueven la transmisión imparcial de la información. Y es que como recoge el comunicado, este hecho "produce rechazo en la sociedad, que los percibe (Medios de comunicación públicos) como herramientas para repartir el dinero de los ciudadanos entre empresas privadas y favorecer intereses partidistas."

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