EL SEVERO ME DUELE

Wyoming dirige un documental sobre las sedaciones del Hospital Severo Ochoa

Dirigido por Wyoming, con la colaboración de Imanol Uribe, Pere Joan Ventura, Andrés Santana y Diego Galán, se emite este jueves en el late night de laSexta. Los protagonistas relatan los hechos tal y como los vivieron.

Por Redacción El 9 de Mayo 2007 | 14:47

laSexta emitirá el próximo jueves 10 de mayo, a las 00:40 horas, 'El Severo me duele', un documental que narra la situación de los profesionales sanitarios que fueron demandados por supuestas prácticas de sedación irregular en el Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid).

En la producción dirigida por Wyoming y con la colaboración de Imanol Uribe, Pere Joan Ventura, Andrés Santana y Diego Galán, algunos profesionales afectados, que trabajaban en el hospital, narrarán cómo vivieron las consecuencias de una denuncia anónima que les ha privado del ejercicio de su profesión y su situación actual.

Durante el transcurso de la investigación, Luis Montes fue destituido de su cargo como jefe de urgencias. Junto con él, Juan Carlos Mattos, el director médico del centro, y Bermúdez de Castro, el gerente del hospital, fueron obligados a abandonar su cargo.

Los sanitarios defienden que han sido perseguidos por intereses políticos ajenos al desarrollo de su ejercicio profesional y que han sido castigados por dar una asistencia de alta calidad, por intentar conseguir que los enfermos terminales agonizantes mueran sin dolor gracias a la sedación, práctica habitual y permitida en la sanidad privada.

Estos hechos han movilizado también a artistas de la talla de Víctor Manuel, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Ismael Serrano, Miguel Ríos y Sole Jiménez que el próximo 11 de mayo ofrecerán un concierto en la plaza de toros de Leganés en defensa del Hospital Severo Ochoa y de sus profesionales.

Siendo presidente de la comunidad de Madrid Alberto Ruíz Gallardón y Consejero de Sanidad Echaniz, se ordenó una investigación en el hospital. Cuatro inspectores de la Comunidad de Madrid estuvieron trabajando durante cuatro meses en el hospital y en su informe concluyeron que las prácticas eran correctas.

En la denuncia se afirma que médicos que trabajan en el hospital, "siguen las instrucciones de sus jefes de servicio de acabar con la vida de los pacientes por temor a perder su puesto de trabajo". También se ratifica que el motivo por el que se quita la vida a estas personas es ahorrar dinero a la sanidad pública y que estos asesinatos han podido llevarse a cabo por "el bajo nivel cultural del pueblo de Leganés" y porque "les venía bien para deshacerse de los abuelos" que representaban una carga para las familias.

Esta destitución saltó a las portadas de los periódicos el 11- M de 2005, el mismo día que se adjudica la construcción de los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid a determinadas empresas, bajo un modelo de gestión que no se ha debatido en profundidad y que enfrenta a dos modelos opuestos de la concepción de la sanidad pública. Además, ese día el doctor Montes sale por la parte de atrás del hospital en compañía de la policía.

El tiempo pasa y los estudios de los expertos van rechazando uno por uno los 400 casos. Lamela nombra una comisión para que haga otro estudio paralelo. A mediados de mayo de 2005, la Fiscalía parece que va a archivar el caso por no encontrar irregularidades.

El 3 de junio de 2006 los peritos del Colegio de Médicos reducen a 34 las sedaciones irregulares, pero sostienen que no es posible afirmar que sean la causa de la muerte de los pacientes y no hablan de "mala praxis". Una semana más tarde el juez reduce a 15 las sedaciones a estudiar, de las cuales, 11 son aplicadas a pacientes en coma y sólo 4 son calificadas como contraindicadas.

En el caso no existe acusación particular, tan sólo hubo dos casos de familias que se sumaron a la denuncia y ambos han sido archivados. Hace unos días se rechazó el recurso del único caso que quedaba pendiente.

El caso Severo Ochoa se ha convertido en una cuestión política y un enfrentamiento entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el resto de partidos de la oposición, que consideran que las decisiones tomadas por la Consejería de Sanidad son un intento de desprestigio de la sanidad pública, en favor de la privada.