El Grupo Empresarial de Televisión de Murcia (GTM) ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para denunciar el caso "okupa tv", según informa el El diario. GTM ha enviado toda la documentación que dispone para demostrar que el canal autonómico, 7RM, no dispone de la disponibilidad jurídica de las instalaciones de su sede principal. De este modo, pide al TSJMU que suspenda el contrato, concedido a Grupo Secuoya, pues considera que "no es posible legalmente ejecutar el mismo en las actuales condiciones en las que la adjudicataria carece de título jurídico para ocupar ese inmueble".
Así, el GTM ha expresado su preocupación respecto el tema, considerando que los trabajadores se encuentran en "situación de riesgo". También ha querido resaltar que la televisión autonómica "está ocupando como centro de producción permanente y principal, un inmueble que carece de la autorización del Juzgado de lo Mercantil número uno de Murcia".Tribunal Superior de Justicia de Murcia
7RM carece de la aprobación del Juzgado Mercantil
El Grupo Empresarial de Televisión de Murcia opina que la situación de 7RM es delicada y que cada vez hay "más dudas razonables" sobre su salida a concurso. Así, ha informado que "el pasado 28 de mayo de 2015, la magistrada juez de dicho juzgado dictó un auto en el cual expresamente se rechaza la oferta de contrato que había realizado Secuoya, por no ser una opción que se ajuste al plan de liquidación aprobado". De esta manera, el grupo empresarial comunicó al Tribunal Superior de Justicia que la entidad debe esperar a la aprobación judicial del Juzgado Mercantil número uno antes de ocupar las instalaciones, aunque este finalmente acabó rechazándola.
El GTM, que no ha querido perder el tiempo, ha enviado toda la documentación que tiene sobre el caso a los distintos partidos que tienen presencia en la Asamblea Regional. De esta manera, el PSOE, Podemos y Ciudadanos están al tanto del caso "Okupa tv", con el fin de estudiar, si es necesario, una comisión que vele por los intereses públicos. El Partido Popular ya había sido avisado a través del Gobierno Regional.