El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido cerrar hoy el conocido como "Caso Couso" en cumplimiento de lo establecido por el Tribunal Supremo. Tras 12 años de investigación, el asesinato del cámara de Telecinco se saldará sin culpables.
Esta decisión viene provocada por el recorte a la justicia universal que el Partido Popular sacó adelante de manera unilateral en febrero de 2014, aprovechando su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dicta que los jueces solo podrán investigar delitos de genocidio o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España.En el sumario estaban procesados tres militares del ejército de Estados Unidos, por lo que, atendiendo a este recorte de la justicia, el "Caso Couso" fue uno de los muchos que corrieron peligro a casa de aquella reforma. El magistrado, a lo largo del auto de siete páginas, recuerda que el archivo definitivo lo tendrá que llevar a cabo la Sala de lo Penal. Explica también que el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la causa del genocidio del Tíbet, que se archivó por unanimidad, establece doctrina a la hora de aplicar la "muy restrictiva" reforma de la justicia universal.
Por este motivo, el juez Pedraz deja sin efecto las órdenes de detención internacional contra los tres militares estadounidenses a los que tenía procesados por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de homicidio. Los tres fueron responsables del disparo de tanque contra el hotel Palestina en el que se refugiaba la prensa internacional. Los procesados ya no podrán ser investigados ni buscados.
El cámara José Couso
Doce años buscando justicia para José Couso
El 27 de mayo de 2003 la familia del cámara español José Couso, muerto en Irak el 8 de abril de ese año, presentó una querella en la Audiencia Nacional contra tres militares estadounidenses, que han sido reclamados en cuatro ocasiones por la justicia española a Estados Unidos para que sean juzgados en España.
El juez responsable, Santiago Pedraz, cursó una comisión rogatoria en marzo de 2011 con el objetivo de localizar y tomarle declaración al sargento Kinne como testigo del procedimiento. El magistrado remitió varios escritos al ministro de justicia quejándose de la falta de colaboración de las autoridades americanas.
La causa fue reabierta por segunda vez en julio de 2010 procesando bajo orden de busca y captura a los tres militares por un delito contra la comunidad internacional en concurso de homicidio. Algo que se ha visto truncado por la reforma del PP.
