La reciente decisión del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) de incluir en su "informe de pluralismo", ya no solo a las televisiones catalanas, si no también a las televisiones nacionales no ha sido demasiado bien recibida por los grupos de comunicación, Mediaset y Atresmedia.
Durante unas jornadas que organiza el Partido Popular, el directos general de Atresmedia Javier Bardaji, y el director de contenidos de Mediaset, Manuel Villanueva, han rechazado este fin de semana que el consejo "crea que tiene competencias" sobre las televisiones nacionales."Es lamentable que crea que tenga competencia para opinar sobre lo que tenemos que decir o dejar de decir", dijo Bardaji, según recoge Te Interesa. "Nunca las ha tenido", añadió. Además critican que la medida se haya puesto en marcha "justo ahora", en relación a la polémica del logotipo veraniego de TV3 por las similitudes al de la candidatura independentista Junts Pel Sí.
El directivo de Mediaset apoyó lo comentado por su homologo en el grupo de San Sebastián de los Reyes: "No me preocupa porque no le concedemos ninguna competencia sobre los contenidos en una televisión de ámbito estatal".
Manuel Villanueva y Javier Bardaji, directivos de Mediaset y Atresmedia, rechazan la decisión del CAC
La decisión del CAC
Antena 3, Telecinco y TVE están en el punto de mira del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) que ha aprobado, por primera vez desde su existencia, que se realice el denominado "informe de pluralismo" para la campaña de las elecciones catalanas que se celebraran el 27 de septiembre.
La inclusión de medios de ámbito nacional en el informe del CAC de las próximas elecciones no ha convencido a nadie, ya que parece no entrar dentro de la jurisdicción con la que este organismo puede contar. Tradicionalmente, el consejo catalán solo incluía medios audiovisuales catalanes como TVE3, TVE en Cataluña, 8TV, Punt Avui TV, Catalunya Rádio y RAC 1.
Este acuerdo ha sido logrado, el pasado viernes, gracias al voto de calidad del que goza el presidente del CAC, Roger Loppacher, ya que contaba con la directa oposición de las consejeras socialistas, Eva Parera y Carme Figueras, al igual que del representante del PP, Daniel Sirera.
Una estipulación cuanto menos polémica y controvertida, que no ha pasado desapercibida para nadie, incluido el Gobierno. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mostrado su extrañeza ante este hecho al que no le encuentra el margen legal: "Es raro que un órgano autonómico pretenda tener competencias de ámbito nacional".
