Sede de RTVE
En las redacciones de RTVE se viven momentos tensos a tan solo unas semanas para el inicio de las nuevas elecciones generales. Un dossier del Consejo de Informativos sobre el primer cuatrimestre de 2016 al que FormulaTV.com ha tenido acceso, pone en entredicho la credibilidad de los Servicios informativos del ente público. Eladio Jareño, director de TVE, y el director de Servicios Informativos de TVE, José Antonio Álvarez Gundín, recientemente recuperado tras una larga baja, son cuestionados por gran parte de la redacción.El informe pone de relieve "la manipulación, la censura, la falta de pluralismo, de neutralidad y de objetividad", y una notable "subordinación de la información al interés político" en la cadena pública. Unas prácticas que de ser ciertas constituyen un delito flagrante según la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, por la cual se considera "utilización fraudulenta de fondos públicos" por incumplir "las exigencias de independencia, veracidad y objetividad".
El documento desglosa las pésimas coberturas que dan los informativos de TVE y en el canal 24 Horas sobre noticias como la corrupción del PP en Valencia (caso Imelsa), el caso de los titiriteros, las polémicas declaraciones de miembros del Ejecutivo, los Papeles de Panamá y el caso Nóos. El dossier también denuncia la "obsesión por Venezuela", y manipulaciones sobre informaciones relacionadas con la financiación de Podemos en las que se realizan "juicios paralelos y no se contrasta adecuadamente la información".
Papeles de Panamá
Además de tardar un día en hacerse eco de una de las informaciones más relevantes sobre corrupción mundial de la última década, y de citar como única fuente a la ICIJ, sin nombrar a El Confidencial y laSexta, el Consejo de Informativos denuncia que los 'Telediarios' facilitaron "datos erróneos, lo que significa que no fue suficientemente documentada ni contrastada, como inducir a que Zapatero alentó la evasión fiscal a Panamá".
Las piezas que emitieron los telediarios de TVE aseguraron que "en el caso de Panamá, la Comisión Europea lo incluye en su lista oficial de paraísos fiscales". Una información falsa según el informe ya que en ningún momento la Comisión Europea ha establecido una lista oficial de paraísos fiscales, aunque si es cierto que existen iniciativas encima de la mesa para llevarla a efecto. En este caso también se critica la mezcla de información y opinión por confundir al espectador de que el expresidente Zapatero fue permisible con la evasión fiscal de Panamá al considerar que existe una intencionalidad. Así comenzaba en el telediario la confusa entradilla: "El acuerdo se interpretó como una cesión del Gobierno de Rodríguez Zapatero para conseguir adjudicaciones a constructoras españolas en la ampliación del Canal de Panamá". Constructoras que por cierto, viajan estas semanas junto a la ministra de Fomento Ana Pastor.
Corrupción del PP en Valencia
Sobre el enfoque informativo de los casos de corrupción del Partido Popular en Valencia es la propia redacción la que emite una queja formal al Consejo de Informativos de TVE. En ella explica como "la redacción del Centro Territorial de Valencia no está conforme con la cobertura que ha hecho el 'Telediario' del Caso Imelsa, un desacuerdo que ha llevado a compañeros a negarse a firmar informaciones". Los redactores denuncian la falta de tiempo en las piezas para "contextualizar la noticia y explicar el caso", e incluso les negaron incluir los conocidos audios en los que el expresidente de la Diputación Alfonso Rus cuenta los billetes de las supuestas comisiones. La redacción señala al Jefe de Nacional, Luis Javier Alcalá, de prohibir que se incluya el nombre de Rita Barberá en la información o de explicar el papel que tenía Rus dentro del PP en la Comunidad Valenciana.
En este caso de corrupción del PP las malas prácticas son continuas; se suprimieron "declaraciones de varias concejalas admitiendo como normales estas donaciones"; se dio prioridad a los totales de exconcejales como Juan Vicente Jurado exculpando a Barberá mientras que se pidió que se eliminase la declaración del gobierno valenciano realizada por la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, en la rueda de prensa semanal del Consell.
El Consejo de Informativos llega a la conclusión de que el enfoque del caso Imelsa "no facilita el debate democrático, ni obedece a los principios de imparcialidad, y, además, se emiten totales de una de las partes implicadas en el tema silenciando las reacciones que han tenido otros protagonistas de la actualidad política, incumpliendo los deberes de neutralidad y contextualización".
Pablo Iglesias en una pieza informativa de TVE
Supuesta financiación irregular de Podemos
El dossier denuncia que se da por hecho que "Venezuela pagó algo más de 7 millones de euros a la fundación CEPS, origen de Podemos, para crear en España fuerzas políticas y movimientos sociales afines al gobierno bolivariano, sin citar que se trata de documentos facilitados por la UDEF".
También llama la atención que se pone en condicional las vinculaciones con el 15M y Gamonal y la confirmación de la posible financiación de Podemos por el gobierno de Venezuela, pero no se contrasta la información con los directamente implicados: Podemos, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Jorge Vestrynge.
Caso de los Titiriteros
El Consejo critica que tanto en las entradillas como en los directos se insiste en la tesis de que en la pancarta exhibida por los titiriteros ponía "Gora ETA" y "Viva ETA". A pesar de que en la imagen que acompaña al directo se puede ver la pancarta donde se lee claramente "GoraAlka-ETA".
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El informe también analiza el afán de silenciar el comunicado de la CNT en el que se explicaba los motivos de la obra teatral, comunicado que otros medios como Europa Press o la Cadena Ser reflejaron el mismo día. Aunque la detención de dos titiriteros acusados de apología del terrorismo es noticia, el Consejo critica su politizada y sobredimensionada cobertura: se dio por válida una sola versión de lo sucedido y en la mayoría de las piezas la última palabra la tenía el Partido Popular.