El pacto de investidura alcanzado por el Partido Popular y Ciudadanos este domingo, 28 de agosto, incluye 150 medidas entre las que llama poderosamente la atención la propuesta sobre el modelo de RTVE. El punto 130 del acuerdo entre el partido de Mariano Rajoy y la formación de Albert Rivera, propone "garantizar un modelo de servicio público para RTVE basado en su calidad, neutralidad política e independencia" en la que la designación del presidente del ente público "se realice en base a criterios de profesionalidad y excelencia".
Se trata de una medida que no despeja la incógnita de cuál será el método de elección de la cúpula directiva y de su presidente. Además, es un acuerdo que se aleja notablemente del compromiso que Albert Rivera firmó con el Consejo de Informativos de TVE el pasado 14 de octubre de 2015, en el que garantizó que como mínimo la elección del consejo de administración de la radiotelevisión pública exigiría la aprobación de dos tercios de la Cámara de los Diputados.Desde el Consejo de Informativos de RTVE aseguran que el punto 130 les genera bastantes dudas: "No se puede decir que no estemos de acuerdo con el texto pero le vemos poco resultado práctico. Es decir, cómo se va a plasmar, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de los últimos cuatro años". "Todo el mundo tiene derecho a tener su postura y posición política particular, pero RTVE necesita un presidente que sea neutral, que lo parezca y sobre todo que no haga gala de votar a un partido u otro", aseguran desde el CdI.
Albert Rivera junto a los miembros del CdI
La SEPI asegura que unos 2.000 trabajadores de RTVE podrían ser despedidos
El último informe de la Sociedad Estatal de Participantes Industriales (SEPI) ha hecho temblar los cimientos de RTVE. la propietaria formal del ente público, que en la actualidad está dirigida por Ramón Aguirre (Partido Popular), ha insinuado que la viabilidad de la cadena pública pasa por ejecutar un nuevo proceso de despido colectivo que podría afectar como mínimo a 2.000 trabajadores.
La SEPI ha llegado a la conclusión de que el ente público arrastra una estructura "claramente desajustada" y un modelo de financiación "rígido, inestable y poco operativo" que difícilmente puede afrontar los costes de personal de una plantilla formada por 6.277 trabajadores (425 eventuales) que se comen el 42,78% del presupuesto anual.
