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La Audiencia Nacional se ha unido al grupo de administraciones que piden desvelar los gastos del Festival de Eurovisión 2015. Primero se lo pidió el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y después lo intentó el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo. Ahora RTVE se enfrenta a la segunda sentencia judicial que obliga, según la Ley de transparencia, a publicar todos los costes de la cadena por la intervención de la cantante Edurne en el festival europeo.
La sentencia lanzada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo afirma que "la solicitud de información solicitada a la CRTVE, y que dicha corporación niega alegando intereses económicos y comerciales, es una información de carácter público". La Audiencia Nacional añade que la corporación "se nutre de los Presupuestos Generales del Estado y de tributos de entidades privadas, y por tanto de carácter público. Y las cantidades asignadas a la CRTVE pueden ser objeto de información a los ciudadanos".
Actuación de Edurne en el festival de Eurovisión 2015
Además, el órgano judicial señala que "la entidad no acreditó el perjuicio que se pudiera irrogar al facilitar los gastos del festival de Eurovisión, y priva de una información general que no exige una comparación con los gatos de otros años, o la rentabilidad económica, datos que afectarían a los intereses económicos y comerciales de la CRTVE".
La petición de un ciudadano
Todo este caos se originó cuando un ciudadano pidió al Portal de Transparencia los gastos desglosados que RTVE generó con la participación de España en Eurovisión 2015. En esta factura tenían que aparecer vestuario, alojamiento, viajes, dietas y acompañantes. La entidad se negó a darlos por "perjuicio para sus intereses económicos y comerciales".
Ante esta negativa, el Consejo de Transparencia actuó en contra de la televisión pública, obligándole a publicarlos porque "no daña el secreto comercial o empresarial ni los intereses económicos y comerciales de RTVE. De hecho, consideró "que conocer el gasto destinado a la participación de la televisión pública en un evento internacional sufragado con fondos públicos responde al espíritu y finalidad con que se aprobó la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno". Tras este segundo toque de atención, esta vez por parte de la Audiencia Nacional, RTVE puede reaccionar de dos maneras: otorgar los datos pedidos por el ciudadano o seguir negándose y acabar en los tribunales con el Consejo de Transparencia.
