A las nueve de la mañana del 11 de enero de 2017 dará comienzo el juicio que decidirá si fue o no legal el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que desmanteló Radio Televisión Valenciana (RTVV). Pocas semanas después, quizá a principios de febrero, la Audiencia Nacional habrá emitido ya su sentencia sobre esta demanda que presentó el sindicado CGT contra la ley que sirvió para dejar en la calle a 1.600 trabajadores.
Trabajadores de RTVV durante una de las manifestaciones contra el cierre del canal
La Audiencia suspendió temporalmente el juicio en julio de 2014 para esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre el recurso que habían presentado 50 diputados socialistas contra la ley que se creó para cerrar Canal 9. El TC acabó desestimando dicho recurso en septiembre de 2016 porque el nuevo Gobierno de la Generalitat ya había creado una nueva ley para restituir el servicio.
Si el juez diera la razón a CGT supondría readmitir a los 1.600 trabajadores y habría que pagarles los salarios de tramitación, es decir, todas las nóminas que se les habrían pagado entre la fecha de su despido (2013) y el día en que se conocerá la sentencia. Según ABC, el coste podría ascender a 100 millones de euros y supondría "dramáticas consecuencias" para la reapertura del canal.
Decisiones importantes
El jueves 17 de noviembre se reunió en los estudios de Burjassot el Consejo Rector encargado de poner a punto la nueva televisión pública de los valencianos. La intención de este Consejo (integrado por nueve vocales y su presidente) es conseguir cuanto antes que la sede de RTVV vuelva a estar en estas instalaciones. Y de hecho, cuanto antes se contratarán los servicios de una empresa privada que se encargará de realizar todas las comprobaciones técnicas en los estudios de Canal 9. Según informa Las Provincias, citando fuentes parlamentarias, dicha empresa podría contratar a algunos de los empleados despedidos para que realicen estos trabajos.
Sede de RTVV en Burjassot
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En la reunión se decidió también que el presidente del Consejo, Enrique Soriano, pueda realizar contratos que no superen el millón de euros. Si el contrato oscila entre esa cantidad y los cinco millones, Soriano necesitará el visto bueno del Consejo Rector, y si se sobrepasa esta cifra será imprescindible la aprobación del Gobierno regional. De igual modo se debatió la propuesta sobre los contenidos de servicio público en los que tendrá que abundar la nueva televisión, que pronto será integrada en la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómico (FORTA).