Parecía una guerra acabada, pero catorce años después el Gobierno sigue a vueltas con el pago de un canon digital. La Asociación de Internautas ha tenido acceso a un borrador sobre el que está trabajando el Ejecutivo para modificar la Ley de Propiedad Intelectual. Después de un largo proceso con paseos por tribunales españoles e incluso europeos, el Gobierno de España parece haber vuelto a acceder a las exigencias de las entidades de gestión.
El Gobierno plantea el cobro por el servicio offline de las plataformas como Netflix
El texto al que hace referencia la Asociación de Internautas recoge, como indica el diario Público, el concepto de "copia privada" que incluiría la descarga de un contenido desde una fuente legítima. Es decir, ahora las entidades de gestión de derechos de autor quieren perseguir y lucrarse del servicio offline que ofrecen plataformas como Netflix o Amazon Prime aunque conocen que las descargas se hacen sin ningún fin lucrativo ni comercial. Este nuevo canon afectaría a los soportes, como por ejemplo las Smart TV.
Todo esto parece disparatado ya que, como remarca la Asociación de Internautas, el comportamiento de los españoles hacia el consumo de la cultura ha cambiado. Ya nadie copia prácticamente nada. Los servicios de VOD (Video On Demand) y el streaming que ofrecen Netflix, HBO o Amazon Prime han hecho que prácticamente en los hogares españoles no haya ni dispositivos de DVD. La gente usa sus móviles, ordenadores o tabletas para el consumo de películas, series, música e incluso la televisión.
El Gobierno, bajo el yugo de la SGAE
La SGAE es uno de los azotes y sociedades más odiadas por empresarios y consumidores españoles. En el año 2003, cuando la entidad de gestión de derechos perdió la batalla por el cobro del canon digital, empezó a perseguir a todo tipo de comercios en los que se reprodujeran contenidos que gestionara, llevando su persecución hasta un extremo que resultó ridículo.
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Ahora, catorce años después, el Gobierno del PP como antes el del PSOE, sigue sin sacudirse la presión de un lobby que quiere seguir dictando exigencias y cobrar por hábitos de consumo que se le escapan a su competencia y lucrarse a costa de los usuarios y ciudadanos. Ahora que las peluquerías están más tranquilas, han llamado a la puerta de las plataformas digitales. Una locura.