Después de más de dos años de pelea desde que entró en vigor la mal llamada "Ley de Transparencia", CGT y la sociedad civil organizada han logrado que RTVE tenga que publicar por fin las auditorías anuales de la Intervención delegada de Hacienda. Hace unos días, la Audiencia Nacional dio la razón a un trabajador de esta empresa y militante de CGT que quiso ejercer algo tan elemental como el derecho de acceso a un informe de fiscalización de un organismo público (la Intervención de la Administración General del Estado) sobre una entidad pública (RTVE).
José Antonio Sánchez, presidente de RTVE
Pues bien, en un irresponsable derroche de recursos, la corporación se ha resistido hasta en cuatro ocasiones desde que allá por diciembre de 2001, justo después de la entrada en vigor de la ley, otro trabajador, también militante de este sindicato, presentase la primera solicitud al respecto en coincidencia con las movilizaciones del lazo naranja por la regeneración integral de RTVE. Tras esa primera negativa, las organizaciones Acces Info y Transparencia Internacional hicieron suya también esta causa, y través de un convenio con el Consejo General de la Abogacía Española han defendido el caso y el segundo trabajador ha ganado este juicio.
En la sentencia, la jueza María Yolanda de la Fuente Guerrero deja claro que RTVE "está sujeta tanto a la obligación de publicidad activa que se regula en los artículos 6 a 8 de la ley como al derecho de acceso a la información" por lo que tendrá que publicar a partir de ahora las auditorías. "El uso de fondos públicos se encuentra, precisamente en el eje de las obligaciones de transparencia previstas en la norma y constituye uno de los elementos fundamentales para la rendición de cuentas", concluye la magistrada haciendo suyo este argumento del Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno.
RTVE obligada a demostrar su legalidad
Efectivamente, CGT entiende que está en la base de la democracia que la ciudadanía tenga toda la información para poder tomar decisiones sobre los asuntos públicos. Y como trabajadores y trabajadoras se ven doblemente afectados por las decisiones de quienes dirigen la radiotelevisión pública. El reconocimiento del derecho de acceso a esas auditorías es un avance en la transparencia económica que la Confederación General del Trabajo va a intentar extender al conjunto del sector público en el marco de su campaña confederal "Por lo público, por lo común". Y es que esos informes la IGAE sacan a la luz todos los años importantes irregularidades en la gestión de nuestra empresa: perjuicios económicos para la corporación y trato de favor a un reducido grupo de empresas amigas.
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Por todo ello, la sección sindical de CGT espera que el departamento jurídico que dirige Cristina Hernández evite continuar litigando, aunque tampoco sería de extrañar ya que RTVE es el organismo que más contenciosos tiene con el Consejo de la Transparencia. Dentro del ámbito laboral, la situación es igual de bochornosa. Son numerosas las informaciones que la empresa no facilita a la representación legal de los trabajadores.