Si hablamos de DTS poca gente reconocerá a qué nos referimos, pero la Distribuidora de Televisión Digital fue hasta 2015 el nombre formal de lo que conocíamos coloquialmente como Canal+. El 7 de julio de 2015, tras la adquisición de Telefónica de la plataforma, se integró dentro de MovistarTV. Pese a su desaparición como entidad independiente, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha abierto un expediente sancionador contra la plataforma audiovisual.
'Carmina y amén', película financiada por Canal+
¿Qué es la Ley General de la Comunicación Audiovisual?
La Ley General de la Comunicación Audiovisual obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual o a los operadores de telecomunicaciones que también difundan canales de televisión, a destinar el 5% de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales europeas: películas para el cine y la televisión, series, documentales y películas y series de animación. En el caso de que la empresa sea de titularidad pública, este porcentaje aumenta hasta el 6%.
Además, el 60% de la financiación debe ser destinado para la producción de películas de cines. Asimismo, el 60% de ese porcentaje debe ser para realizar proyectos en alguna de las lenguas cooficiales de España. Tendremos que esperar para ver cuál es el resultado final de la investigación. Por el momento, se abre un periodo máximo de 6 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por parte de la CNMC. La DTS dispone de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.
