El equipo de 'Salvados' dice haber recibido un "documento confidencial" que ayudará a averiguar si se produjeron irregularidades en torno al proyecto Castor, el polémico almacén de gas que se construyó frente a las costas de Tarragona y que provocó cientos de terremotos en las localidades cercanas.
Jordi Évole en la promoción del reportaje sobre Castor
El reportaje lleva por nombre "Castor, la letra pequeña" y se emitirá el domingo 14 de mayo a las 21:30 en laSexta. En las promociones del programa, Jordi Évole advierte de que en este documento confidencial "se habla del proceso de adjudicación y construcción de Castor". Un proceso del que destacan algunos datos, de acuerdo a la información contenida en el dossier recabado por 'Salvados': Los costes se triplicaron en un año y no hubo un sistema transparente de adjudicación. "Está hecho prácticamente a medida de las necesidades de la empresa", destaca uno de los políticos invitados por el programa, y añade otro que "a lo mejor" solo una compañía presentó su oferta para construir este proyecto. Esa compañía es ACS, la constructora de Florentino Pérez.
Los consumidores pagarán el fiasco
El propio Florentino Pérez negó en una entrevista concedida a Jordi Évole que los terremotos hubieran tenido relación con el almacenamiento de gas en el subsuelo. "Es difícil de entender, pero no pasó nada. La gente se asustó por nada", dijo el también presidente del Real Madrid, que negó tajantemente que se hubieran producido temblores. Ahora, cuatro años después, dos informes encargados por el Gobierno han confirmado que los sismos sí fueron consecuencia de este proyecto.
Y por este motivo no se retomará la actividad en las instalaciones de Castor, que fueron clausuradas por el Ejecutivo en 2013 de manera cautelar para tratar de frenar los terremotos. ACS renunció entonces a la gestión del complejo, así que pudo beneficiarse de una indemnización de 1.700 millones de euros que pagarán los usuarios de gas mediante recargos en sus facturas. Una cláusula del contrato que firmó el Gobierno de Zapatero en 2008 con ACS establecía que si la empresa desistía del proyecto, el Estado tendría que abonarle los costes de construcción.
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En 2015, el Tribunal Supremo condenó al Ejecutivo socialista por no haber sometido a Evaluación de Impacto Ambiental este proyecto, cuyas características hacían "imprescindible" (según la sentencia) que se evaluaran las posibles incidencias medioambientales del almacén, entre ellas la posibilidad de que su actividad generase terremotos.