'Salvados' cerró este domingo 14 de mayo su temporada 12 con una exclusiva sobre el Proyecto Castor. El equipo que comanda Jordi Évole ha tenido acceso a un documento confidencial elaborado por el Gobierno de Rajoy en 2012 en el que se reflejan algunas de las irregularidades que rodean al almacén de gas que se construyó en la costa del Mediterráneo y que está definitivamente clausurado tras haber provocado cientos de terremotos en 2013.
Jordi Évole en un momento del programa
Y entre las conclusiones más llamativas que vienen recogidas en dicho documento, destaca una: los inversores recuperarían el dinero aunque cometieran un dolo. "Si la empresa abandonaba el proyecto, el Gobierno garantizaba la inversión, incluso en el caso de dolo o negligencia. Es decir, si lo empresa lo hacía mal a propósito, recuperaba el dinero. Nunca antes una obra de este tipo había tenido unas condiciones tan favorables", explicó el programa.
Dadas las circunstancias, la empresa que construyó esta infraestructura, Escal UGS (controlada mayoritariamente por ACS, la compañía de Florentino Pérez), abandonó el proyecto en cuanto el Gobierno ordenó paralizar la actividad de manera preventiva para evitar los terremotos. Y puesto que así se había establecido, los inversores exigieron su dinero, así que el Estado creó un Real Decreto Ley para garantizar que estos recibieran su dinero, en total 2.418 millones de euros que pagarán los consumidores de gas hasta el año 2046, 80 millones cada año.
La versión de la empresa
Jordi Évole tuvo la oportunidad de entrevistar a Recadero del Potro, presidente de Escal UGS, empresa que se creó exclusivamente para sacar adelante este proyecto. Del Potro lamentó que los ciudadanos estén pagando ahora por Castor como si estuviera funcionando, y dijo no entender que se haya paralizado la actividad.
Del mismo modo, reconoció que fue su empresa la que pidió al Gobierno de Zapatero que aceptase la polémica cláusula que ha permitido a los inversores recuperar el dinero. "La pedimos porque los bancos nos lo dijeron... que si no, no nos financiaban", añadió. "¿Cómo recibieron en el Ministerio esta cláusula?", preguntó entonces Évole. "Les pareció razonable (...) Estaban sentado en la mesa, con sus abogados del Estado, que son gente preparadísima, y que no les pareció algo llovido del cielo", respondió el responsable de Escal, que terminó reconociendo que, sin esta cláusula, Castor "probablemente no se hubiera terminado construyendo". Por su parte, el exministro de Industria que aceptó estas condiciones, el socialista Joan Clos, dijo no sentirse responsable "en absoluto".
Jordi Évole con el responsable de Escal UGS, Recadero del Potro
Adjudicación opaca
'Salvados' consiguió demostrar que el proceso de adjudicación del Proyecto Castor fue "irregular". Joan Llinares, experto en transparencia y contratación pública, explicó a Évole que "el proceso de contratación debe hacerse con dos requisitos esenciales: la concurrencia y la publicidad". Sin embargo, estas exigencias no se cumplieron, según el documento confidencial elaborado por el Gobierno. Es más, se establecieron algunas trabas para que solo algunas empresas pudieran optar a quedarse con esta obra: que dichas empresas hubiera trabajado en España en obras de coste superior a los 50 millones de euros y que tuvieran un volumen de negocio anual de 4.000 millones, de manera que se limitaban las posibilidades a un pequeño grupo de sociedades.
Y quizá una de las consecuencias de la poca transparencia de todo este proceso es que finalmente solo una empresa presentó su oferta. Y quizá por ello el precio de la obra se disparó de los 400 millones iniciales a 1.272 millones apenas un año después. "Cuando hay competencia los precios se moderan", añadió el experto consultado por 'Salvados'. Y además, todos los trabajos de construcción fueron desempeñados por las empresas controladas por ACS, de manera que no hubo posibilidad de consultar otras ofertas. "Al no haber competencia los precios se fijaban por ACS de manera unilateral", sentenció Joan Llinares.
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