El máximo accionista de Zed culpa a Casals de supuestas amenazas de usar Atresmedia para desprestigiarle

Según una denuncia ante la policía judicial del pasado 28 de abril de Javier Pérez Dolset (máximo accionista de la empresa de videojuegos Zed Worldwide y empresa editora de la web de La Razón) citada en la querella de la Fiscalía Anticorrupción del caso Hanta, Mauricio Casals (Presidente de La Razón) le habría amenazado supuestamente con utilizar todos los medios de comunicación de Atresmedia en su contra, en el caso de que Pérez Dolset contase los supuestos hechos irregulares del Grupo Planeta.

Y es que Pérez Dolset contó que supuestamente las subvenciones públicas que Zed recibió entre los años 2011 y 2014 por participar con el Grupo Planeta fueron "a causa de la influencia política que Casals tenía con el Ministerio de Industria". El empresario, detenido el jueves 29 de junio, comentó que el presidente de La Razón "tenía la función de mantener las relaciones necesarias con las instituciones públicas para lograr obtener la aprobación de las concesiones de ayudas", unas subvenciones que ascenderían a un total de 2,12 millones de euros que habría adquirido Zed Worldwide entre los años 2009 y 2013.

Las supuestas amenazas que habría recibido Pérez Dolset por parte de Casals se basarían en arrojar informaciones que desprestigiasen al empresario en medios de comunicación de gran difusión pertenecientes a Atresmedia, como son Antena 3 y laSexta, puesto que según Pérez Dolset, Casals tiene "gran control" en los mismos. Sin embargo, según su declaración, el accionista de Zed ya habría sido víctima de "referencias negativas, difamatorias y falsas" en publicaciones como La Razón, El Periódico de Cataluña y Voz Pópuli, todas del Grupo Planeta.

Los responsables, detenidos

Los responsables del grupo tecnológico Zed Worldwide, entre los que se encuentra Pérez Dolset, fueron detenidos en una operación dirigida por la UDEF el 29 de junio, debido al fraude de subvenciones que pudo generar el grupo y que la Fiscalía Anticorrupción ha cifrado en más de 100 millones de euros.