La cadena de televisión pública, TVE, ha sido condenada el 22 de mayo a emitir una rectificación de una noticia emitida por el ente público en el Telediario 1 el 13 de marzo a razón de involucrar al Ayuntamiento de Rivas en una operación de anticorrupción, con una noticia "que no era cierta y que en ningún momento citaba fuentes", tal y como recoge el comunicado que el consistorio ha hecho público.
Sergio Sauca y Pilar García Muñiz, presentadores del TD-1
El Ayuntamiento de Rivas, en un primer momento presentó una demanda contra Eladio Jareño Ruiz, director de la cadena pública, que se negó a la "rectificación de los hechos inexactos y perjudiciales" por el que se acusaba al Ayuntamiento de "contratos irregulares" entre los concejales de Podemos (Rivas Puede) e Izquierda Unida, dentro de una operación anticorrupción llevada a cabo por el juez Santiago Pedraz.
Lejos de eso y diferente a lo que se emitió en TVE, la investigación que se llevó a cabo estaba "vinculada a casos de corrupción en la Federación Española de Fútbol y nunca a las actividades del Gobierno Local". Por lo tanto, a través del fallo la cadena pública ha sido condenada "a emitir íntegramente la rectificación contenida en el burofax remitido por el demandante el día 19 de marzo de 2018, con relevancia semejante a aquella en que se procedió a divulgar la información inexacta. Se condena a la parte demandada al pago de las costas procesales"
Hace dos meses de la emisión
La jueza del Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 7 de Arganda del Rey ha dado la razón al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, tras la emisión de "una información falsa" emitida en la primera edición del telediario. Además niega que "la emisión, en la segunda edición del Telediario, de una noticia ya contrastada pueda ser considerada una rectificación".
Falta de cumplimiento
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Curro García Corrales, concejal de Presidencia y portavoz del Gobierno municipal, ha señalado que "la sentencia deja claro que TVE cometió una tremenda irresponsabilidad", referido, por un lado, al tratamiento de la información como "sesgado, manipulado y sin contrastar", y por otro, al "impedir que el propio ayuntamiento pudiese rectificar la información divulgada inicialmente".