La consulta llevada a cabo por el referéndum del pasado 1 de octubre sigue coleando en la actualidad judicial y mediática. El Cuerpo Nacional de Policía continúa en su búsqueda activa de indicios que demuestren los delitos de lo ocurrido y el golpe ocurrido en la mañana del 12 de junio se ha producido en la sede del grupo de comunicación Mediapro.
Sede de Mediapro
Entre estas sedes se encuentra Mediapro, donde según fuentes judiciales se están produciendo varios registros, así como el Departamento de Economía de la Generalitat. Además, tal y como informan, se ha procedido al arresto del jefe de gabinete de dicha sede. El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), órgano del Gobierno de Cataluña decisivo para el Referéndum, también ha recibido la visita de los investigadores.
Primeras declaraciones del director de Mediapro
Jaume Roures, director general del grupo Mediapro, ha concedido una entrevista a "El matí de Catalunya Ràdio", capitaneado por Mònica Terribas, para hablar sobre el registro llevado a cabo en su empresa. Roures ha asegurado que "el registro ha resultado negativo" y que "no han encontrado nada porque no había nada". Según ha indicado, el registro estaba relacionado con el alquiler de un espacio a la Generalitat. Además, también ha afirmado que "quieren crear un ambiente de miedo e intimidación. Creen que aquí nos comemos a los niños y pegamos a las abuelas".
Comunicado de Mediapro
El grupo de comunicación Mediapro ha emitido un comunicado poco después de producirse el registro para informar de los hechos. Tal y como indican, el registro no afecta a la empresa, sino que la investigación se ha producido en los servidores alquilados por Mediacloud a la Administració Oberta de Catalunya, de la Generalitat. Además, también informan de que la Policía no se ha llevado ningún tipo de material al no encontrar ninguna información destacable en su investigación.
Sobrecoste del 22% en las obras del CTTI
En la pasada tarde del 11 de junio, la Guardia Civil entregó al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona un informe en donde detallaba que podría haberse producido una malversación de caudales públicos en las obras del CTTI. Según informan medios como El Mundo, se habría detectado un sobrecoste del 22% en la rehabilitación de este "call center". Según parece, la Generalitat habría dividido el pago de este proyecto para que la adjudicación fuera mucho más ágil. De este modo, la rehabilitación ascendió a un total de 1,6 millones de euros, 300 mil euros más de los 1,3 establecidos en un principio.
