A lo largo del 22 de junio, la Policía Nacional llevó a cabo un registro en varios ayuntamientos de Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla y León en el marco de la Operación Enredadera. A raíz de la investigación de unos posibles amaños en la contratación de servicios para regular el tráfico, se realizaron hasta sesenta detenciones, entre los que figuran alcaldes, concejales y policías locales.
José Luis Ulibarri, propietario de Castilla y León Televisión
No es la primera vez que Ulibarri se ha visto implicado en una trama de corrupción. El empresario ya fue previamente imputado como parte de la trama Gürtel. A pesar de la importancia de la detención para la cadena, las noticias se centraron en los registros llevados a cabo en otros ayuntamientos, pero no llegaron a hacer mención al nombre de Ulibarri como parte de la larga lista de detenidos.
Sin televisión pública
Los ciudadanos de Castilla y León, al contrario que otras regiones españolas, no disponen de una televisión pública. No obstante, sus medios se engloban en la entidad privada de Radio Televisión de Castilla y León, cuya gestión comparten Ulibarri y el empresario Antonio Miguel Méndez del Pozo. Hace apenas unos meses, la empresa castellano leonense recibió una subvención por parte de la Junta de Castilla y León, en manos del PP, que ascendía a los 18 millones de euros. Una cantidad que se brindó directamente, sin informar a los medios ni ser publicada en el boletín regional, y que carece de garantías. De hecho, Castilla y León logró un récord la pasada Nochevieja al obtener un 0% de audiencia.
