El proceso judicial por el delito de alzamiento de bienes cometido por Bárbara Rey en 2013 ya ha visto su final. El pasado miércoles 6 de marzo tuvo lugar una vista judicial celebrada en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se ratificó el acuerdo alcanzado entre la vedette y la Fiscalía por el que Rey evitará entrar en prisión tras reconocer los hechos y aceptar una pena de dos años de cárcel.
La actriz ve reducido el castigo de tres años y seis meses de prisión que pedía en un principio el Ministerio Público. Dicho trato también se extiende a sus dos hijos, Ángel Cristo Jr. y Sofía Cristo, y a una de sus hermanas, que han aceptado un año de cárcel como cooperadores del delito, así como a tres acusados más. Tanto Bárbara Rey como Sofía Cristo acudieron a la vista en la que reconocieron el delito: eludir el pago de 143.902 euros del IRPF mediante un alzamiento de bienes en operaciones financieras.Bárbara Rey en 'Cuentos chinos'
"A sabiendas de que habían dado comienzo las labores de investigación de Hacienda, la acusada, con ánimo de eludir dicha responsabilidad de pago, se puso en contacto con varios familiares para actuar en connivencia para llevar a cabo actos de disposición patrimonial con la finalidad de generar la quiebra de las deudas contraídas", afirmó la Fiscalía. Por su parte, Ángel Cristo Jr., otro de los acusados, no se personó en la Audiencia Provincial como consecuencia de su viaje a Honduras para participar en 'Supervivientes'.
¿Cuándo empezó todo?
En mayo de 2011, Hacienda comenzó una inspección a Bárbara Rey por el impuesto sobre la renta de las personas físicas abonado entre 2006 y 2008. En noviembre de 2012 se dictaron las actas con importes de 135.031 y 131.568 euros, respectivamente. El 18 de julio de ese año, se impusieron las sanciones a la artista por ambos expedientes. Según la Fiscalía, Rey y el resto de acusados realizaron hasta 13 operaciones que la imposibilitaran "satisfacer los créditos reclamados por la AEAT, al no haber habido bienes bastantes a tal fin por la situación de insolvencia creada por los acusados".