La exalcaldesa de Madrid por el Partido Popular Ana Botella ha sido condenada junto a seis miembros de su equipo por el Tribunal de Cuentas a pagar un total de 25,7 millones por ser los "responsables directos" de que el Ayuntamiento de Madrid vendiese 1.860 viviendas públicas por debajo de su valor a dos fondos buitre, es decir, fondos que compran activos al menor precio posible para luego venderlos a otros inversores y conseguir una mayor rentabilidad.
'Al rojo vivo'
Más de 1.000 historias humanas
El periodista Jesús Maraña apuntaba en el programa la principal consecuencia que tuvo la venta de esos pisos al grupo Fidere (sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone): "Hubo muchas personas que, a raíz de esas decisión, se quedaron en la calle". Y es que la profundidad del problema va mucho más allá de la pérdida de ingresos para el Ayuntamiento de Madrid, que también, sino que afectó a más de mil vidas humanas, muchas de las cuales se quedaron sin la vivienda protegida que les había tocado en concurso público.
De hecho, 'Equipo de investigación' dedicó una de sus emisiones a poner cara y voz a algunos de los afectados. "A mi me prometieron una vivienda de 120.000 euros, me meto en el sorteo, me toca y ahora me dicen que son 180.000". Esta son las palabras de Elena, una vecina de Tres Cantos afectada por el fondo buitre. "En junio de 2013, Ignacio González aprueba una ley para que los fondos buitre puedan acceder a la vivienda pública o vivienda protegida".
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La condena del Tribunal de Cuentas solo estipula que se abone un total de 25,7 millones de euros, por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública, pero nada sobre la situación de esas familias en manos de los fondos buitre. No obstante, la demanda que el Ayuntamiento de Manuela Carmena interpuso en 2017 por irregularidades en las ventas contempla dos vías más, la penal y administrativa. Esta última, de prosperar, tendría como efecto la nulidad de la venta a Fidere, por lo que las condiciones iniciales podrían volver a ser restituidas.