La dirección de 'Sálvame' habría tejido una red ilegal de espionaje y revelación de datos sobre 140 famosos

La Fábrica de la Tele continúa acumulando polémicas. Durante la tarde del 22 de marzo, se conocía que David Valldeperas y Alberto Díaz, directores de 'Sálvame', eran desplazados de su cargo en el programa. El motivo podría ser el espionaje ilegal y posterior revelación de datos a 140 famosos.

La dirección del programa liderado por Jorge Javier Vázquez podría haber llevado a cabo esta práctica ilegal con tal de llenar sus horas de emisión e intentar elevar las audiencias, según avanza LOC. La información se encuentra en el sumario de la "Operación Deluxe", puesta en marcha tras la revelación de datos privados por parte de un policía, supuestamente amigo de Gustavo González.

Inicialmente, el paparazzi fue el principal señalado, siendo su domicilio uno de los lugares clave en el que realizar un registro domiciliar. La policía tendría indicios de que existe documentación reservada tanto en la casa de González como en los cajones de la redacción del programa. Y, es que, con el tiempo, la lista de investigados se ha ido ampliando hasta salpicar a Valldeperas y otras siete personas más del equipo. Además, la propia Fábrica de la Tele, como persona jurídica, sería la responsable mercantil del caso.

Información muy delicada

Además de la existencia de documentos reservados, se habrían incautado múltiples chats de WhatsApp desde el año 2011. El culmen de la investigación coincide con un informe policial en el que se destaparían las peticiones de información policial por parte de Gustavo González a su amigo policía. "Hay conversaciones de WhatsApp recuperadas que son escabrosas y dilucidan el mercadeo de información sin importar de dónde se saque. Guardaban incluso imágenes y vídeos sexuales de diversos famosos", declara una fuente.

El paparazzi habría sido empleado por la dirección del programa como un intermediario, con el fin de rellenar horas de contenido. "Se puede afirmar que es la dirección de 'Sálvame' la propulsora de la búsqueda y obtención de la información íntima reservada", dice el sumario. Los investigados podrían ser acusados de un supuesto delito por Descubrimiento y Revelación de Secretos, por el que podrían cumplir entre 1 y 3 años de cárcel.